La industria medioambiental factura 220.000 millones con 6.500 empleos

VIENE DE LA PÁGINA 1 El encuentro que se celebrará esta tarde, organizado por (Aclima), tiene por objeto fundamental analizar un estudio que aborda el papel de la Administración autonómica como elemento tractor de la demanda y la actividad medioambiental. En el ejercicio de ese papel, las instituciones de la comunidad autónoma realizaron un gasto que la asociación ha cuantificado en 29.728 millones para 1996, último ejercicio sobre el que hay datos completos y cerrados. Se trata de una cantidad que crece dentro del presupuesto y que seguirá haciéndolo, segun todas las previsiones. El estudio y la propia jornada de trabajo tratan de identificar y conocer cuáles son los servicios que se demandan desde el Ejecutivo y de determinar el volumen de las compras públicas y sus áreas preferentes. Los campos fundamentales en los que la Administración centra su atención son los relativos a la conservación de la naturaleza, la gestión de residuos y las aguas. Las consultorías y las ingenierías son las empresas más solicitadas por el sector público, que centra una cuarta parte de su contratación en los servicios de gestión y mantenimiento. Efecto igualador El trabajo de Aclima pronostica que la entrada en el euro y la unificación europea tendrán un efecto igualador, que se debe traducir en un aumento de los gastos medioambientales (aunque moderado por la necesidad de contención del déficit público), dentro de una tendencia a la equiparación con el resto de regiones europeas. El gasto medioambiental realizado desde las instituciones, aconseja el trabajo, debe limitarse a su función de "tracción", mientras que cada vez más habrán de ser los beneficiarios reales y el propio mercado quienes hagan frente a los costes correspondientes. Las 47 empresas pertenecientes al Cluster lograron 42.000 millones de facturación en el área medioambiental de sus respectivas actividades. Esa cifra corresponde a un 10% de la facturación medioambiental del conjunto de España. El importante crecimiento en número de las empresas del sector tiene una particularidad: la actividad empresarial medioambiental se encuentra diseminada entre gran cantidad de firmas que no son propiamente ecoindustrias, pero sí introducen medidas de control y corrección ecológica, demandan productos y servicios o dedican parte de su trabajo a la recuperación y el reciclaje. En paralelo a los datos de Aclima, el estudio de las tres cámaras de Comercio vascas arroja cierta luz sobre las dimensiones y el peso económico que está cobrando este sector, de vida corta aún, pero en crecimiento progresivo.

El PNV planteará en el Congreso de los Diputados la introducción del derecho al medio ambiente como uno más de los contenidos en la Carta de Derechos Humanos, cuyo cincuentenario se celebra el 10 de diciembre. El grupo vasco se hará así portavoz de una iniciativa nacida en la Diputación de Vizcaya, que ya recibió el visto bueno de las Juntas Generales y se está sometiendo a aprobación en los ayuntamientos. La diputada peneuvista Margarita Uría espera que la subcomisión que debe estudiar e informar la propuesta se constituya como máximo en diciembre, informa Europa Press. Uría calificó de "prioritaria" la inclusión del derecho al medio ambiente como uno más de los derechos fundamentales de las personas y no descartó que la iniciativa nacionalista tenga una acogida favorable por parte del resto de las fuerzas políticas y dé el salto al ámbito internacional. Por su parte, la diputada foral vizcaína de Medio Ambiente, Esther Solabarrieta, valoró el del 50 aniversario como un momento óptimo para la inclusión del que sería el artículo 31 de la carta de Derechos Humanos. Tanto Solabarrieta como Uría se mostraron esperanzadas en que la iniciativa del PNV salga adelante y la pusieron en conexión con el gran número de iniciativas que "a nivel mundial", dijo la diputada en Madrid, "están poniendo sobre la mesa la necesidad de que se tome este asunto en consideración".