España recibió 11 condenas, la gran mayoría por fallos judiciales
España ha sido condenada 11 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde que en 1981 aceptó demandas contra el Estado español por quienes se consideraran víctimas de una violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo, una vez agotados los recursos internos. De las 11 condenas, la mayoría indemnizatorias, ocho lo fueron por irregularidades o retrasos judiciales.Aunque las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no anulan las de los órganos judiciales internos, los Estados del Consejo de Europa se comprometen a acatarlas. Además, el artículo 10.2 de la Constitución impone que las normas sobre derechos humanos se interpreten "de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos sobre las mismas materias ratificados por España", entre ellos el convenio europeo.
En el cuadro estadístico de esta misma página, España aparece con sólo ocho condenas debido a que los datos alcanzan hasta el 30 de junio de 1998. La novena condena se produjo el 30 de julio y las dos últimas el 28 de octubre de este año. Por orden cronológico las 11 condenas son:
-Caso Bultó (1988). La Audiencia Nacional vulneró el derecho a un juicio justo de los condenados por la muerte del industrial catalán José María Bultó.
-Caso Sanders (1989). Los juzgados civiles catalanes incurrieron en dilaciones indebidas en un proceso civil promovido por Unión Alimentaria Sanders.
-Caso Castells (1992). España vulneró la libertad de expresión del ex senador de HB Miguel Castells al condenarle por unas declaraciones de 1979 sobre la guerra sucia contra ETA.
-Caso Ruiz-Mateos (1993). El Tribunal Constitucional no dio audiencia a José María Ruiz-Mateos en un proceso por la expropiación de Rumasa.
-Caso López Ostra (1994). España desprotegió la vida privada de la familia López Ostra frente a los vertidos de una depuradora instalada en Lorca (Murcia).
-Caso Ruiz Torija (1994). Los jueces no tuvieron en cuenta una alegación de Eusebio Ruiz Torija contra el desahucio del bar que regentaba.
-Caso Hiro Balani (1994). Falta de respuesta judicial al certificado de prioridad de Rita Hiro Balani sobre la marca Orient.
-Caso Scott (1996). Duración excesiva de la extradición del británico Ian Scott, a causa de la cual permaneció más de cuatro años privado de libertad.
-Caso Valenzuela Contreras (1998). Las escuchas telefónicas ordenadas por un juez violaron el respeto a la vida privada de Cosme Valenzuela Contreras.
-Caso Castillo Algar (1998). La imparcialidad de dos jueces del tribunal militar que condenó al coronel Ricardo Castillo Algar quedó en entredicho por haber instruido el asunto.
-Caso Pérez de Rada (1998). La aplicación rigurosa de un plazo procesal privó a Gloria Pérez de Rada del acceso a un tribunal.
