El consejero delegado de Rontealde no se sentará en el banquillo por el escape tóxico

La Audiencia de Bilbao ha confirmado el procesamiento de tres de los cuatro directivos de la empresa química Rontealde acusados de un delito ecológico con resultado de muerte. El auto de apertura de juicio oral levanta la imputación al consejero delegado de la empresa de Barakaldo, Manuel Barrenechea, ante la falta de "indicios racionales" de su responsabilidad en el escape tóxico ocurrido en 1994. En cambio, estima la "participación clara y directa" en los hechos de los directores técnico, de producción y de mantenimiento.

El auto de la Audiencia ha resuelto la última posibilidad que tenía Rontealde de evitar el juicio contra sus principales responsables, cuya celebración se prevé ahora para la Semana Santa. En noviembre de 1997, un juez procesó a los cuatro directivos al apreciar, por primera vez en España, un delito ecológico con resultado de muerte. El juez establecía una relación directa entre las emanaciones de dióxido de azufre, que superó 12 veces los límites legales, y el fallecimiento un vecino de la localidad fabril de 70 años. Al tiempo, culpaba a Rontealde de múltiples irregularidades: la operación de puesta en marcha de la producción se hizo sin tener en cuenta las condiciones climáticas, el sensor no cumplía las prescripciones técnicas y no hubo consulta previa a Medio Ambiente. Contra esta resolución, la defensa de Rontealde presentó un recurso que la Audiencia ha estimado sólo en el caso del consejero delegado, Manuel Barrenechea. El tribunal estima que su presencia en el momento del arranque de la producción de Rontealde "no es indicio racional suficiente para que pueda ser considerado procesado, porque no tenía conocimiento por razón de su cargo de la pericia necesaria para interpretar el panel de control". En los otros tres casos, la Audiencia confirma los procesamientos: el del jefe de Producción, Koldo Iturriarte, porque "da la orden de que se proceda al arranque de la planta sin preaviso que provoca la emisión en cantidades superiores a las legalmente establecidas"; el del responsable de mantenimiento, Mariano Ruiz, dado que "le correspondía el control y cuidado del sensor", y el del jefe técnico, José Elizalde, al ser "la persona que verificó el proceso de arranque y el que tenía el control de la operación probablemente defectuosa". La Sala desestima que los procesamientos se basen en "meras sospechas", como sostenía la defensa de Rontealde, sino que "concurren indicios racionales de criminalidad" al existir una emisión "contraviniendo leyes o reglamentos protectores del medio ambiente. Se ha creado un problema de salud a la persona y es probable la relación de causalidad con la muerte de una persona". La plataforma ecologista Erreka, que ejerce la acusación particular, mostró ayer su "satisfacción parcial". "Confirma lo más importante, que hay un delito, habrá juicio y se sentarán en el banquillo los principales cargos. Sin embargo, se levanta el procesamiento al principal responsable, porque aunque no es técnico tiene experiencia en el sector y dictó las órdenes". Por ello, planteará de nuevo su procesamiento. Rontealde considera que el auto demuestra "que no se cuestionan las medidas de seguridad y que en todo caso pudo haber un error de manipulación".