Casi la mitad de los profesores de la Universidad pública no podrán optar a complementos salariales

Nada de café para todos. La ley lo impide. Sólo 2.000 profesores de los 3.500 que trabajan en la Universidad del País Vasco (UPV) podrán optar a complementos salariales. La universidad pretendía que toda su plantilla docente pudiera acogerse a los incentivos. Preguntado sobre si es legal, el Gobierno vasco ha respondido que la ley sólo los prevé para los profesores que dependen del Gobierno central, no para los contratados ni interinos. Sin estas correcciones la propuesta original de la UPV no será aceptada, según el presidente del órgano que debe ratificarla.

Con esos datos en la mano, el presidente del Consejo Social de la UPV, Pedro Larrea, explicó ayer que la propuesta de la universidad debe ser "corregida y su marco, restringido". El consejo, integrado por representantes de la universidad y la sociedad, debe dar luz verde al proyecto para que el Gobierno vasco lo apruebe definitivamente. Una comisión se encarga ahora de adecuar la propuesta a la ley que regula las retribuciones de todos los docentes universitarios de España. Este asunto propició este mes una protesta histórica en la UPV: el 80% de los profesores fue a huelga el pasado día 15 en demanda de mejor salario. El planteamiento del Consejo Social, apoyado en un informe del Ejecutivo, supone un mazazo a su reivindicación. "Más de la mitad [de los docentes] quedaría excluido", aseguró Larrea en Bilbao. "Si la propuesta incluye a interinos y contratados, no se ajustará a la legalidad", vigente subrayó varias veces. La Universidad pública vasca ideó un mecanismo de suplementos salariales para ir homologando los salarios del profesorado a los de los funcionarios que dependen de la Administración vasca. El problema es que su propuesta vulnera la legalidad. El Consejo Social no discute que sólo los funcionarios y siempre en base a "méritos docentes, investigadores" podrán optar a ellos. Es posible que también se incentive económicamente el desempeño de cargos institucionales. Aunque en palabras del presidente del Consejo Social, "desde el punto de vista jurídico está muy cogido por los pelos", la medida pretende paliar uno de los problemas de la UPV. "Muchos profesores competentes huyen de los cargos en la universidad", indicó Larrea. Cuantía aún sin estimar Los suplementos retributivos de ninguna manera serán aplicados de modo general ni haberlos recibido implicará seguir recibiéndolos. Larrea recalcó que siempre serán otorgados con carácter "individual" y "puntual". Es decir, habrá que limitar unos periodos de tiempo. Una vez concluyan, habrá que renovar los méritos Una comisión a dos bandas, tres miembros del Consejo Social y dos de la universidad, trabajan en limar aquel proyecto para que sea legal. Afinar el proyecto de manera que sea aceptada tomará su tiempo. El presidente del Consejo Social adelantó que "antes de enero debería haber una propuesta definitiva". Pedro Larrea aseguró que aún no existe ningún cálculo, siquiera estimado, de cuánto puede suponer el pago de estos suplementos salariales. La cantidad deberá ser consensuada con el Departamento de Educación, que a fin de cuentas será el que tenga que destinar una partida específica para sufragar el gasto. La UPV no es el primer lugar donde se plantea este asunto. Reivindicaciones similares se han planteado anteriormente en universidades otras comunidades autónomas. Larrea citó sendos casos en Navarra y Canarias, donde se pretendía incentivar a todo el profesorado. Ambos proyectos fueron rechazados. Mencionó también el caso de la Carlos III, en Getafe (Madrid) donde se aplica un sistema de complementos retributivos muy restringido, dedicado a los "fichajes estrella".