La Comisión Eléctrica exige que se reduzcan a medio billón las ayudas a las compañías

La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) exige a Industria que revise el pacto alcanzado con las eléctricas por el que se autoriza a éstas a titulizar (trocear y colocar en los mercados a través de entidades financieras) un billón de pesetas de costes de transición a la competencia como mínimo. En opinión de la CNSE, tal autorización supone reconocer un derecho cuestionable. El organismo que vela por la competencia en el sector y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones de consumidores, cree que la cifra máxima debiera ser 480.000 millones.

Esa cifra máxima de 480.000 millones, en opinión del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sólo sería aceptable, además, en el caso de que las compañías eléctricas (cuatro en la práctica: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) aceptaran vender parte de sus activos de generación a nuevos competidores, en un proceso similar al que se está llevando a cabo en otros países.A esta última posibilidad, la de obligar a vender activos a las eléctricas, se opone el Ministerio de Industria, cuyo titular, Josep Piqué, calificó la medida de "locura" esta misma semana. En unas declaraciones que revelan la dureza del enfrentamiento, Piqué acusó al organismo que preside Fernández Ordóñez de "tomar el rábano por las hojas".

Al Constitucional

En la misma línea de enfrentamiento directo, la CNSE asegura que en el caso de que el pacto Industria-eléctricas sobre costes de transición se materialice en una modificación de la Ley Eléctrica, aprobada en 1997, sin consulta previa a la Comisión y a los consumidores, el caso acabará en el Tribunal Constitucional. Aunque la Comisión no está legitimada para recurrir directamente, bastaría que 50 senadores o diputados hicieran suyas sus tesis para que el recurso llegara al Tribunal Constitucional. La CNSE cuenta con el apoyo de las organizaciones de consumidores OCU, UCE, CEACCU e HISPACOOP. Éstas han enviado una carta al Grupo Socialista en la que denuncian la opacidad de la negociación y los perjuicios para los usuarios.La polémica es agria y compleja. Todo parte del año 1996, cuando Industria pactó con las compañías eléctricas la desregulación del mercado en el Protocolo Eléctrico. En virtud de dicho acuerdo, el Estado reconoció a las compañías el derecho a percibir un máximo de 1,989 billones de pesetas en 10 años para compensar la disminución de ingresos que, según se preveía, provocaría la mayor competencia. Sin embargo, la Ley Eléctrica, aprobada en 1997, dejó abierta la posibilidad de que esos casi dos billones fueran rebajados, en función de la evolución de la demanda, los tipos de interés y los costes variables de las empresas, entre otros elementos. De momento ha autorizado a colocar un billón y las empresas aspiran a cobrar al menos 1,6 billones. El Estado se guardaba así un elemento clave (la cuantía anual de las aportaciones por costes a la transición) para propiciar rebajas de tarifas y aumentar la competencia.

Desde el inicio de la desregulación, las tarifas han bajado un 6,5% en términos nominales y un 13% en términos reales (teniendo en cuenta la inflación). Esta rebaja, según la CNSE, ha sido muy inferior a la que se debería haber llevado a cabo en función de la evolución de la demanda (disparada) y de los tipos de interés. En otras palabras, las empresas no están perdiendo el dinero previsto por el aumento de la competencia, más teórica que real.

Por ello, según la CNSE, el reciente pacto por el que las eléctricas podrán titulizar un billón de pesetas, supone tres cosas: reconocer a las compañías eléctricas un derecho cuestionable; concretar, de golpe, una cifra de costes a la transición difícil de calcular por las variables que intervienen y el plazo estimado en principio (10 años), y renunciar a un mecanismo para impulsar la liberalización del sector.

En palabras de la CNSE, el billón de pesetas que Industria reconoce a las compañías eléctricas sería razonable "en el caso de que el país se encontrara en una situación casi catastrófica, en la que, por ejemplo, no se hubiera entrado en el euro, que se hubiera entrado en recesión y la demanda se hubiera hundido". En el mejor de los escenarios posibles podría darse el caso, según fuentes de la CNSE, de que las compañías tuvieran que devolver dinero en lugar de cobrarlo.