La adjudicataria del vertedero de Dos Aguas compró suelo por 4,8 millones y lo vendió por 38 El PSPV informa a la fisalía sobre irregularidades en las escrituras de compraventa

El vertedero de Dos Aguas ya ha supuesto un negocio rápido y muy rentable. Aunque no con la basura: ha sido gracias al suelo. La empresa a la que el Consell adjudicó el basurero obtuvo unos beneficios del 700% en menos de un año con la compraventa del suelo. Proficer Sedimentos, SA, la firma desconocida que obtuvo en octubre de 1997 por decreto del Consell un permiso extraordinario para construir el vertedero, compró entre marzo y junio de aquel año las 11 fincas necesarias para su proyecto por 4,8 millones de pesetas. Tras recibir la bendición de la Generalitat para construir, pese a carecer de experiencia en el sector, un macrovertedero donde tirar una basura (la de toda Valencia y otros 43 municipios) cuyos derechos de tratamiento no tenía, Proficer vendió las tierras a los adjudicatarios oficiales de la gestión por 38 millones.

El 21 de abril pasado Proficer Sedimentos, SA, vendió las tierras por 38.136.440 pesetas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), que habían ganado el tratamiento de la basura del Consell Metropolità de L"Horta (CMH) en un polémico concurso. Proficer obtuvo, en menos de un año, un beneficio de 33 millones. Lógico, compró suelo rústico y vendió terrenos habilitados para el mayor vertedero de la Comunidad Europea. El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas ya denunció en su día lo extraño que resultaba que una empresa recién creada (Proficer se fundó el 2 de julio de 1996), de poca entidad (su capital social es de 10 millones y el desembolsado de sólo 2,5) y sin ninguna experiencia en el sector de los residuos obtuviera un permiso extraordinario del Gobierno que dirige Eduardo Zaplana, que concedió la declaración de interés comunitario (exención de licencias y otros requisitos legales) mediante un decreto del Consell. Los socialistas incluso advirtieron que Zaplana incurría en fraude de ley porque ese tipo de declaraciones sólo se pueden dar a un proyecto público y no a una firma privada. Pero ahora el PSPV se extraña aún más de que esa concesión se diera "a una empresa cuyo único objetivo es la especulación del suelo". "Operación especulativa" Para la diputada autonómica socialista María Antonia Armengol, la adquisición del suelo, el proyecto de vertedero y la venta de los derechos a la UTE FCC-SAV es "una operación inmobiliaria puramente especulativa, obteniendo un beneficio neto del 694,5%". Y lo que, a su juicio, es peor: "En terrenos destinados por el Gobierno para una obra pública, en suelo forestal quemado, omitiendo el proceso legal de adquisición de suelo para obra pública, como es la expropiación, y favoreciendo por ello el negocio especulativo de una empresa". La diputada Armengol tiene una explicación: "El Gobierno valenciano era plenamente consciente de que la adjudicación a Proficer Sedimentos, SA, no era real, sino que era a una empresa tapadera de SAV-FCC, ya que al haber incumplido completamente el contrato adjudicado por el Consell de Metropolità L"Horta (el concurso está recurrido) no podía ser adjudicataria de la Generalitat, y como no se quería que el negocio fuese a parar a otra empresa solvente se auspició y consintió todo este fraude". Las escrituras son claras. Algunas de las fincas adquiridas en el año 1997 se vendieron en 1998 a un precio 12 veces superior. Así, la parcela 127, la más grande, con 114.500 metros cuadrados, la adquirió Proficer por 800.000 pesetas y la vendió por 9.735.135, más de un 1.216% de beneficio. Con la venta de la parcela 112, adquirida por 650.000 pesetas, consiguió un beneficio de 6,6 millones (1.122%) y con la de la 131 (que le costó otras 400.000 pesetas) obtuvo 4,5 millones de renta (1.234%). El hijo del alcalde Pero aparte del espectacular incremento, lo que más llama la atención son los sucesivos cambios de propietarios de las fincas así como la identidad de uno de ellos, Miguel Grau, hijo del alcalde de Dos Aguas, Manuel Grau, del Partido Popular. Según los socialistas, ambos peregrinaron por el pueblo para captar las fincas a sus propietarios y venderlas después, mediante un intermediario a Proficer. De esta forma, la empresa consiguió las fincas unos meses antes de la adjudicación del Consell comprándoselas a un matrimonio ("un mero interpuesto, para tratar de disfrazar el fraude", según los socialistas) que a su vez las había adquirido, días antes de la venta, a Grau hijo. Según los títulos de compraventa, Proficer consiguió todo el suelo en dos operaciones de compraventa separadas por apenas dos meses y medio. Bajo el control del notario de Valencia Federico Barber Montalva, la empresa adquirió seis de ellas el 26 de marzo de 1997. De acuerdo con las escrituras, los vendedores, Luis Real Carbonell y su esposa Sara Peña Lalinde, habían adquirido las fincas apenas dos días antes a Miguel Grau Grau. Las cinco fincas restantes pasarían a manos de Proficer Sedimentos el 6 de junio. Real Carbonell y su esposa las habían comprado el 8 de mayo. También al hijo del regidor. Para los socialistas, el edil de Dos Aguas obtuvo los terrenos "engañando y abusando de la buena fe de los propietarios, que pensaban que vendían sus tierras a su vecino para mejorar su explotación agrícola". Según María Antonia Armengol, "el alcalde de Dos Aguas, con la información privilegiada de que disponía sobre el verdadero destino final de las parcelas (el vertedero), fue de casa en casa para convencer a sus propietarios para que las vendieran a su hijo para que éste plantara olivos y almendros con el fin de aumentar la explotación de dos parcelas que ya tenía en la zona".