Las obras del puerto de Belate se han desviado un 33% sobre lo presupuestado

Las obras del puerto de Belate, en el eje viario San Sebastián-Pamplona, sufrieron un desvío presupuestario global de un 33%, según el informe de fiscalización del proyecto dado a conocer ayer por la Cámara de Comptos Navarra. El estudio señala que la obra, que se inició en 1993 y fue inaugurada por los Reyes de España el pasado año, ha costado hasta el momento 12.431 millones de pesetas. En sus 10,6 kilómetros se incluyen los túneles de Belate (el más largo de Navarra, con 2.960 metros de longitud) y Almandotz (1.220 metros)

La Cámara de Comptos expresa reiteradamente su sorpresa por el hecho de que los sucesivos responsables del Departamentos de Obras Públicas del Gobierno de Navarra (gestionados por consejeros de Unión del Pueblo Navarro y Convergencia de Demócratas de Navarra) no hayan exigido nunca responsabilidades a los redactores de unos proyectos "de baja calidad" que necesitaron numerosas y costosas modificaciones y de los que aún siguen pagándose desperfectos. Según consta en el informe, la empresa Euroestudios fue la encargada de proyectar los tramos más modificados. Del estudio se deduce que las numerosas correcciones que hubo que introducir en todos los tramos de la obra y el retraso general en la finalización de los trabajos anuló el 25% de reducción presupuestaria que supuso la adjudicación del proyecto a las ofertas más ventajosas. Así, frente a un costo de adjudicación de 2.872 millones en el túnel de Belate, se han pagado ya 4.215 millones (un 35,4 % más) y se han documentado desviaciones de hasta el 70,6 % en el tramo entre Ventas de Arraitz y Zozaia. Incluso se ha dado el caso, nunca antes vivido por esta institución fiscalizadora, de que han desaparecido de los archivos de Obras Públicas determinados expedientes de proyectos, obras y asistencia técnica. La Cámara denuncia el retraso general en la finalización de los diferentes tramos. En el caso del túnel de Belate, la previsión de ejecución fue de dos años, si bien ese plazo se alargó hasta los tres años y medio, lo que motivó que tanto la Intervención como los servicios jurídicos de Obras Públicas cuestionaran la calidad del proyecto y de la supervisión del mismo. La Cámara señala que se barajó la posibilidad de exigir responsabilidades a los redactores del proyecto, aunque finalmente no se actuó en ese sentido. Por todo ello, la Cámara de Comptos, recomienda al Gobierno "que exija en estos casos responsabilidades e indemnizaciones a los redactores del proyecto o a las empresa adjudicatarias de las obras". Los técnicos del órgano fiscalizador ponen también en entredicho la creciente costumbre de firmar contratos de asistencia técnica con empresas ajenas a la Administración, privatizando así la dirección técnica y el control de calidad. En las obras fiscalizadas se firmaron cinco de estos contratos, con un desembolso de 439 millones. Sin embargo, éstas siguieron retrasándose y, consecuentemente, aumentaron los sobrecostos de los contratos, alcanzándose porcentajes de desvío de hasta el 43%, como en el caso del túnel de Belate.