Garzón pide a Suiza y Luxemburgo que bloqueen las cuentas del general

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó ayer remitir, en base a las investigaciones que obran en su poder, remitir sendas comisiones rogatorias a Suiza y a Luxemburgo en las que pregunta si el ex dictador chileno Augusto Pinochet tiene cuentas abiertas a su nombre. Si así fuera, el juez requiere a las autoridades judiciales de ambos países que bloqueen los fondos, a fin de reclamarlos posteriormente para hacer frente con ellos a las indemnizaciones que pudieran declararse en el proceso contra Pinochet.

Garzón ha dado curso también a otra comisión rogatoria acordada con anterioridad a la detención de Pinochet y por la que pide a Estados Unidos que le aporte la documentación que obre en poder de la CIA y el FBI sobre la represión en Argentina y el Operativo Cóndor. Garzón reclamaba también la posibilidad de que testigos que han declarado en los procesos seguidos en Estados Unidos por casos concretos de asesinatos de chilenos, como Orlando Letelier, puedan declarar ahora en España sobre lo que sepan acerca de lo que se investiga en la causa española (en el momento de la petición, el genocidio en Argentina). Aunque la comisión rogatoria fue acordada la semana pasada no ha podido remitirse todavía debido a problemas de traducción de los acuerdos y de la documentación que debe acompañar a la solicitud del magistrado.

El juez Manuel García-Castellón ya había solicitado datos a Estados Unidos, en una comisión rogatoria que fue cumplimentada parcialmente. Ahora, Garzón deberá ampliar la petición de García-Castellón y la suya propia para reclamar también los datos de que los norteamericanos dispongan sobre la represión en Chile.

Por otro lado, la Sala de lo Penal en pleno se reunirá el próximo jueves a las cuatro de la tarde a puerta abierta para estudiar si la justicia española tiene jurisdicción para investigar delitos de genocidio, terrorismo y torturas en Argentina entre 1976 y 1983. A continuación está previsto que se reúnan para estudiar el caso de Chile.

No obstante, y a la vista de que los dos procesos han sido acumulados en un único sumario que tramita el juez Baltasar Garzón, es muy probable que los magistrados decidan sobre la marcha estudiar conjuntamente ambos casos.

En la reunión entrarán todos los magistrados titulares de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, esto es, 11 magistrados presididos por Siro García. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que tres magistrados no formasen parte de la Sala para no contaminarse, debido a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que los jueces que instruyen una causa no pueden formar parte del tribunal que la juzga.

Sin embargo, la Sala ha estimado que el decidir sobre el conflicto de jurisdicción no supone un acto de instrucción propiamente dicho, ya que no se entra en el fondo de la cuestión y, por tanto, los magistrados no quedan contaminados.

El único de los magistrados que no participará en el pleno será el presidente de la sección segunda de la Audiencia, Fernando García Nicolás, que se encuentra de baja por enfermedad.

Los que sí participarán son: Siro García, presidente; Manuela Fernández de Prado, Antonio Díaz Delgado, Jorge Campos, José Ricardo de Prada, Francisco Castro Meije, Ángela Murillo, Luis Antonio Martínez de Salinas, Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que las quinielas sobre el resultado de la votación basadas en una supuesta adscripción ideológica de los magistrados son completamente inoperantes.

Las mismas fuentes han advertido que no es probable que el mismo jueves se conozca la decisión de la Sala de lo Penal, aunque aventuraron que podría ser antes del próximo fin de semana.

[Garzón pronunció ayer una conferencia sobre la Audiencia Nacional en Alicante, en la que manifestó su deseo de que Pinochet sea juzgado en España, informa J. J. M. Galiana. También defendió que en las extradiciones, cuando es España quien las solicita a otros países, cualquier tribunal es competente.]