Avalancha de críticas a Camps por la medida que permitirá "fiscalizar" al profesorado de valenciano

Las Universidades valencianas salieron ayer en defensa del cuerpo de maestros y profesores de valenciano que mayoritariamente se han formado en sus aulas y cuya libertad de cátedra está amenzada desde el miércoles, ante la iniciativa aprobada en las Cortes por el Gobierno valenciano del PP y sus socios regionalistas de UV para fiscalizar la labor de aquellos docentes que recurren a las tesis científicas sobre la unidad del valenciano y el catalán y, concretamente, por el uso del término País Valenciano, en sus clases. La Universidad de Valencia y la Jaume I de Castellón, que tienen sendas facultades de Magisterio y de Filología, manifestaron ayer a este periódico su enérgica protesta ante la medida que implantará la Consejería de Educación, que dirige Francisco Camps, porque "va contra la libertad de cátedra y los más elementales derechos del profesor". El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Valencia, Juli Peretó, consideró que se trata de una decisión "poco viable" y "contradictoria" por parte del PP, un partido que desde el Gobierno de la Generalitat trata de impulsar un pacto político entre todos los partidos para acabar con el conflicto lingüístico generado por los partidarios del secesionismo. No obstante, pese a las dudas sobre su aplicación, Peretó resaltó que no se puede infravalorar el hecho de que esta vez -y después de que el año pasado los socios regionalistas del PP lograran imponer la censura hacia cualquier referencia al catalán en los libros de texto- con esta decisión "el Gobierno valenciano se ha extralimitado en sus funciones". Según fuentes del rectorado la Junta de Gobierno se pronunciará en contra en su próxima reunión. En la misma línea, se pronunció el vicerrector de Política Lingüística de la Jaume I, Domingo García, quien alertó sobre " la preocupación que ha generado la noticia", ya que, precisó, "la universidad entiende que es necesario un respeto absoluto del poder político hacia la autonomía universitaria y la libertad de cátedra". La campaña de movilizaciones entre los 40.000 docentes que trabajan en la Comunidad Valenciana, impulsada por el STEPV, alcanzó ayer cotas máximas cuando los correos electrónicos de las universidades valencianas se colapsaron de mensajes de protestas enviados por maestros de Primaria y profesores de Secundaria con críticas a la "política inquisitorial del Consell". CC OO hizo ayer un llamamiento "a los partidos que han apoyado esta proposición no de ley" para que la consideren "un error material fruto de la presión que ejerce el periódico del que son partido", y la retiren. "¿Quién es el necio que se atreve a afirmar que quien cite a la Academia de la Lengua está cometiendo un delito o que quien nombra a la Comunidad Valenciana ha de ser reo de pena?", pregunta el sindicato, que recordó que dará cobertura jurídica a quien reciba presiones de los inspectores o de Educación. Desde el PSPV, principal negociador del pacto lingüístico, la medida es "una burla" al acuerdo en las Cortes de la Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Para la portavoz de Educación, Mercedes Madrid, se trata de "un tributo que el PP tiene que pagar al secesionismo lingüístico y a los poderes fácticos que lo apoyan".