El 'número dos' de Hacienda denuncia presiones nacionalistas para romper la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria corre "riesgo" de fragmentarse por las reivindicaciones nacionalistas, que en los últimos meses "se han acelerado". Así lo explicó ayer su responsable y número dos de Hacienda, José Aurelio García Martín, para quien esto provocaría "muy graves efectos" en la lucha contra el fraude. El detonante que ha hecho saltar a García Martín es la injerencia de CiU, PNV y el PP en la negociación con los subinspectores de Hacienda en huelga. Ello, y la confusión generada por los datos de lucha contra el fraude, han provocado una situación muy tensa en Hacienda.

José Aurelio García Martín participó ayer en el Congreso de Inspectores de Hacienda que hoy se clausura en Logroño. Habló del "riesgo" que existe de que la Agencia Tributaria, donde reside la gestión, inspección y recaudación de los impuestos, acabe por ser traspasada a las comunidades autónomas, tal como reivindica CiU. El número dos de Hacienda, tras el secretario de Estado Juan Costa, tiene algo más que indicios de que las cosas van por este camino. Los dirigentes nacionalistas no se han limitado a levantar la bandera para pedir competencias plenas en la gestión de los impuestos. Días atrás, CiU y PNV -el grupo vasco, aunque tiene competencias plenas en esta materia, también ha dado su opinión- han dicho que el actual modelo no funciona y que hay que cambiar incluso a sus actuales responsables. En las deficiencias del modelo coinciden los parlamentarios del PP responsables de este área.

Hace una semana y media, representantes de estas tres formaciones políticas con mayoría parlamentaria dieron un paso más y empezaron a negociar directamente -mediante encuentros secretos- con los subinspectores de Hacienda enfrentados a la Agencia. Esta actuación ha sido interpretada como una desautorización a García Martín, criticado por la duración del conflicto que dura casi un año.

Situación tensa

Todo esto ha generado una situación muy tensa en Hacienda. Colaboradores directos de García Martín aseguran que el responsable de la Agencia Tributaria llegó a plantear su dimisión hace 15 días y que, posteriormente, pactó su permanencia hasta la aprobación del nuevo impuesto sobre la renta, a finales de noviembre. García Martín dice que sólo son rumores y "que los deseos van por un camino distindo de la realidad", haciendo referencia a esos rumores. Pero, en cualquier caso, ayer, como si estuviera en una despedida, el director de la agencia habló con crudeza de los peligros que, a su juicio, encierra esta ofensiva nacionalista. Romper la Agencia Tributaria "tendría muy graves efectos en la lucha contra el fraude", afirmó. La información se desaprovecharía, como demuestra que "el modelo de coordinación con las comunidades autónomas respecto de los tributos cedidos ha funcionado mal", añadió, aunque admitió que este problema existe igualmente con la Seguridad Social y el Centro de Gestión Catastral.

La cesión afectaría también negativamente a la neutralidad y a la equidad en el trato a los contribuyentes, dificultaría el control de los ingresos y sería un modelo de administración más caro, según García Martín.

En relación con el control del déficit, aseguró que es una responsabilidad exigible a la Administración estatal "y difícilmente segregable", y más cuando la próxima integración en el euro impone el cumplimiento de planes de estabilidad con el objetivo de obtener un déficit cero.

El director de la Agencia Tributaria, que insiste en la necesidad de separar el debate fiscal del político, reconoció que todos estos argumentos no son suficientes para evitar la ruptura. "Hace falta también credibilidad", dijo, lo que se relaciona con la confusión generada, Juan Costa en relación a los resultados de la lucha contra el fraude.

García Martín mostró ayer su desacuerdo con la manera en que Juan Costa había respondido a la denuncia de los partidos de la oposición sobre la caída en picado de los resultados de la inspección. El alto cargo de Hacienda reconoció que el actual modelo de control tributario "está agotado" y, por ello, ha propuesto la creación de una nueva Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

El director general de Tributos, Enrique Giménez Reyna, también empapó su intervención del ambiente de crisis que ayer se respiraba en el Congreso de los Inspectores de Hacienda. Ante el gran reto que supone la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que entrará en vigor en 1999, Giménez Reyna pidió a los inspectores "disciplina", unidad de criterio -"hay que evitar que dentro incluso de un mismo departamento en la Agencia Tributaria se sigan criterios distintos"- y tener "ilusión en el futuro".