El Poder Judicial pide al Gobierno que defina con precisión el delito de malos tratos

Casi medio año después de la presentación del Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, el Gobierno puede empezar a tramitar las reformas legislativas que éste incluía. El anteproyecto de ley que reforma en este sentido el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recibe hoy el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una recomendación: concretar el concepto de "habitualidad" que exige el código para apreciar un delito de malos tratos. La vaguedad de la redacción actual, dice el CGPJ, dificulta la interpretación de los jueces.

El texto del Gobierno que verá el pleno del CGPJ reforma seis artículos del Código Penal de 1995 y dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer más efectiva la lucha judicial contra los malos tratos. En concreto se trata de prohibir la aproximación del agresor desde el mismo momento de la presentación de la denuncia y también cuando ya hay sentencia firme; incluir la violencia psíquica como delito de malos tratos (hasta ahora sólo estaba tipificada la física); que las penas impuestas por el juez nunca perjudiquen a la víctima (como puede ser en el caso de las multas); que el fiscal pueda actuar de oficio o por denuncia de una persona no directamente implicada en los casos de violencia familiar, y suprimir la falta de desobediencia de la mujer. Las medidas son oportunas y acertadas, según el informe elaborado por la comisión de estudios del CGPJ cuyos ponentes serán los vocales Esther Giménez Salinas y Enrique Arnaldo Alcubilla. Pero algunas pueden mejorarse. El texto recomienda definir mejor el concepto de "habitualidad" que el artículo 153 del Código Penal exige para apreciar un delito de malos tratos.

El CGPJ sugiere que se entienda como tal "cualquier conducta repetida", demostrada por el medio que sea -testimonios de la víctima, familiares o testigos, denuncias y dictámenes médicos-, y pide al Gobierno que introduzca la definición concreta en el texto legal, porque "su vaguedad puede provocar problemas de interpretación".

Esta posición es compartida por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y quedó recogida en la circular que sobre violencia doméstica ha enviado éste a todas las fiscalías.

El Poder Judicial aplaude la mayoría de las propuestas legislativas del Gobierno. Por ejemplo, la actuación de oficio en este tipo de casos permitirá que los procedimientos continuen incluso si la víctima retira la denuncia. O la introducción de la violencia psíquica como delito, aunque admite la dificultad del juez para apreciarla.

Pero el informe va, en algunas propuestas, más lejos. Así, a la propuesta de eliminar la desobediencia de las mujeres como falta recogida en la ley de enjuiciamiento, el CGPJ apuesta por suprimir del mismo texto otros anacronismos, como los delitos de adulterio o amancebamiento.

La presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, María Durán, considera que el proyecto recoge "muchas aspiraciones de las organizaciones feministas". También lo comparte la secretaria de la Mujer del PSOE, Micaela Navarro, pero cree que el problema no está en la ley, sino en "la mentalidad de los que la aplican".

El Gobierno no tiene por qué atender las recomendaciones del CGPJ. Pero puede comenzar a tramitar el proyecto que, según fuentes parlamentarias, podría ser aprobado antes del verano.

Críticas a las voluntarias

La comisión creada en Cataluña para hacer un seguimiento de los casos de violencia doméstica, integrada por 16 organizaciones e instituciones públicas, expresó ayer su frontal rechazo a otra propuesta del Gobierno incluida en el plan de acción: la formación de 11.000 voluntarias para actuar en este tipo de casos. "Los malos tratos constituyen una problemática social grave que no puede dejarse en manos de las asociaciones de vecinos, sino que únicamente debe ser responsabilidad de los cuerpos profesionales", indicó Joaquima Alemany, presidenta del Institut Català de la Dona, organismo que depende de la Generalitat. "Es muy peligroso que asuman tareas de mediación personas voluntarias y sin experiencia", advirtió. La presidenta del Institut Català de la Dona ha expresado a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior, su malestar por haber hecho pública la iniciativa sin "consultar ni informar previamente" a la comisión de la campaña institucional que se lleva a cabo en Cataluña contra la violencia doméstica bajo el lema Prou dones maltractades [Basta de mujeres maltratadas].