El PSC reclama un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas concesionarias

El Grupo Socialista presentó ayer en el Parlament una proposición no de ley que pretende la creación de un impuesto sobre las empresas titulares de concesiones públicas que obtengan grandes beneficios. La ley parece pensada, sobre todo, para ACESA, que tiene la concesión de la mayor red de autopistas, pero busca que queden englobadas también las concesionarias de otros servicios, como el agua, el gas y la electricidad. En relación con ACESA, los socialistas estiman que el pacto con Fomento supone un incremento de ingresos que supera los 33.000 millones de pesetas.

La mayoría de las concesiones a empresas incluyen cláusulas por las que los gobiernos se comprometen a "restablecer el equilibrio económico de la explotación" en el caso de que ésta produzca graves pérdidas a la concesionaria. Se trata de una cautela para evitar que un servicio público deje de funcionar. Pero los socialistas creen que esta disposición debería incluir no sólo la previsión de pérdidas, sino también de beneficios más que jugosos, en cuyo caso una parte de ellos debería revertir al territorio que los origina. Con este objetivo, los diputados socialistas Martí Carnicer, Josep Maria Rañé, Josep Clofent, Montserrat Tura y Manel Nadal han presentado una proposición para crear un impuesto sobre estos beneficios. La preocupación de estos diputados es el escándalo social que causa la explotación de servicios públicos como el suministro de agua o de gas y, en otro orden, la de las autopistas a cargo de ACESA. El pacto entre ACESA y Fomento para reducir algunos peajes a cambio de una prolongación de la concesión por cinco años es, precisamente, el objeto de un documento elaborado por el PSC ante la ausencia de cifras oficiales. En él se analizan los ingresos actuales de ACESA y los que obtendría después de la rebaja de peajes con diversas hipótesis (véase el cuadro adjunto). El primer pacto entre el ministerio y la concesionaria establecía la rebaja en tres peajes dependientes del Gobierno central (los dos de Martorell y el de Sant Cugat) y en uno transferido al Gobierno catalán (el de Mollet). Posteriormente, un nuevo pacto incluyó rebajas en Tarragona y Girona. La suma de estas nuevas deducciones supone, según los cálculos del PSC, 372 millones de pesetas anuales, sobre los 7.406 millones que ACESA ingresará de menos cada año. Pero si los ingresos anuales de la concesionaria se reducen, los totales, teniendo en cuenta los cinco año más de concesión, se incrementan en varios miles de millones de pesetas. Los cálculos llevan a los socialistas a afirmar que se trata de un acuerdo insatisfactorio para los ciudadanos catalanes, que "en conjunto pagarán, hasta el año 2021, 75.625 millones de pesetas más de las que habrían pagado de continuar las cosas como hasta ahora, o sea, con peajes no rebajados y la concesión hasta el año 2016". A este hecho añaden los socialista lo que consideran un segundo agravante: que las personas que utilicen la autopista en otros puntos verán alargado el periodo de pago sin compensación alguna. Éste es, por ejemplo, el caso de los residentes entre Zaragoza y Lleida y casi hasta Tarragona, y de quienes viajen de Figueres y Girona norte. Los portavoces de ACESA declinaron comentar estas cifras. El estudio del PSC incluye los supuestos de varios trayectos posibles y trata de averiguar el ahorro o mayor gasto de los conductores que realizarán estos viajes 200 veces anuales en cada sentido. Estos trayectos son Barcelona-Tarragona, Lleida-Vilafranca, Barcelona-Palafolls, Montmeló-El Papiol y desde Tarragona, Lleida y Barcelona a la aduana francesa. El usuario paga menos en un único caso (el de Montmeló) sumando los años de ampliación.