El Ararteko exige que se devuelva "todo lo cobrado" por las tasas del gas natural

El Ararteko mantiene su postura sobre los controvertidos derechos de alta e inspección del gas natural y ha rebatido el dictamen del Consejo de Estado que estimaba "legítimo" el cobro de estas tasas. A juicio de la institución que preside Xabier Markiegi, dicha consideración no comporta la legalidad de la medida, "sobre la que el Consejo de Estado elude pronunciarse", y por ello vuelve a recomendar al departamento vasco de Industria la "devolución de todo lo cobrado a los usuarios".

El Defensor del Pueblo vasco ya se pronunció a finales de febrero sobre la polémica de las tasas del gas, que ha motivado 11.000 reclamaciones de ciudadanos por las tarifas existentes por iguales servicios de alta e inspección: 25.000 pesetas en Bilbao, 7.000 en San Sebastián y 6.000 en Vitoria. Markiegi pidió la anulación de los cobros por una prestación "que se impone coercitivamente, sin que al usuario le queda otra opción para eludir el pago que no sea renunciar a su utilización". Hace diez días, el Consejo de Estado dio el visto bueno al cobro por estas tasas y el Departamento de Industria anunció la fijación de la cuantía en los próximos meses. El Ararteko, en un detallado informe, ha comunicado su postura a Industria. "Que el cobro sea legítimo, que es lo único que el Consejo de Estado se atreve a afirmar, no significa que sea legal. Lo que se pedía al Consejo de Estado es que se pronunciara acerca de la legalidad o ilegalidad de los cobros, y no acerca de su legitimidad". Según su análisis, la interpretación de Industria de que el cobro de las tasas es legal no conllevaría "exigir a las empresas suministradoras la devolución de cantidad alguna", como anunció la consejería tras conocer el dictamen del Consejo de Estado. "Si por el contrario, entendemos que una cosa es que el cobro sea legítimo y otra muy distinta que sea legal, y para esto último es precisa su fijación previa por la Administración, tal carencia resultaría ahora insubsanable". El Ararteko califica de "inútil" la pretensión del Gobierno vasco de la aplicación retroactiva del decreto que regule estas tasas, una medida que también ha sido rechazada por las asociaciones de consumidores vascas. El informe elaborado por Markiegi determina que los derechos de alta e inspección se "imponen de manera coercitiva para el disfrute de un servicio público esencial, que además se presta a través de concesión en régimen de monopolio". Estas características significan "que la única opción que le queda al usuario para eludir el pago de los derechos es abstenerse del consumo" del gas.