UGT se financió con 1.070 millones de la cooperativa PSV, según el fiscal
El fiscal anticorrupción Vicente González de la Mota acusa al sindicato UGT de haberse financiado con 1.070 millones procedentes de la cooperativa de viviendas PSV. De este proyecto, según el escrito de acusación del fiscal, previo a la apertura del juicio oral contra cinco responsables del sindicato y de la cooperativa, se "distrajeron" un total de 18.587 millones.El fiscal ha solicitado la comparecencia de 45 testigos y pide penas de ocho años y dos meses de prisión para los imputados.Los cinco imputados son: Carlos Sotos Pulido, director de la cooperativa PSV; Paulino Barrabés, ex responsable de finanzas de UGT; Fermín Bretón; Francisco Hernández, y Sebastían Reyna, que sustituyó a Barrabés como responsable de las finanzas del sindicato. Entre los 45 testigos citados por el fiscal para que declaren en el juicio están el ex secretario general de UGT, Nicolás Redondo y los dirigentes de la central en su época, José Antonio Saracíbar, Apolinar Rodríguez, José María Zufiaur, José Luis Daza, Manuel Fernández López y Miguel Ángel Ordóñez.
El escándalo de la cooperativa PSV explotó en 1993 y obligó a UGT, principal impulsor del proyecto, a comprometer todo su patrimonio para avalar el fin de las obras. Cinco años después de la polémica, la mayor parte de las promociones de viviendas están pacificadas, y las obras, concluidas o a punto de concluir. Pese a ello, el sindicato y los responsables directos del proyecto PSV y de su sociedad gestora, IGS, deberán enfrentarse a las acusaciones formuladas por hechos acaecidos durante su gestión. Puntos destacados de la acusación son:
UGT no fue sólo accionista de IGS. El sindicato, accionista de la gestora IGS, matuvo también relaciones comerciales con la misma por un importe de 4.119 millones.
El sindicato cobró a PSV por cada vivienda gestionada. UGT recibía 80.000 pesetas por cada piso, justificando el hecho mediante un documento privado firmado por Paulino Barrabés y Carlos Sotos. En total, más de 1.000 millones.
La gestora IGS adquirió sociedades a UGT. Entre ellas, algunas en pérdidas (Club IGS Viajes, antes Libertur), y pagó la compra de la sede de UGT en Madrid. UGT aseguró ayer que no se considera responsable civil subsidiario y destacó que todos los afiliados afectados tienen hoy su vivienda.
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