Medio Ambiente decreta la veda total en un pueblo tras la matanza de miles de animales en dos días

Un tercio del término de Villamanta (1.500 habitantes) está vedado a los cazadores desde el pasado jueves. La Consejería de Medio Ambiente ha tenido que decretar por la vía de urgencia "la veda de todas las especies de caza durante la campaña cinegética 1998-1999" en el principal coto de la localidad -y uno de los más cuidados de la región- para preservar su "riqueza cinegética". Medio Ambiente temía que, de no hacerlo así, la fauna local desapareciese. Durante el pasado puente del Pilar, más de 200 cazadores, al conocer que el coto se había convertido en un terreno libre para la caza por un problema burocrático, acabaron en tan sólo dos días con unas 3.000 perdices.

En el puente del Pilar, y coincidiendo con el inicio de la temporada, los cazadores se adentraron masivamente en el coto. El resultado fue una matanza sin control alguno. El detonante había sido una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocam) del director general del Medio Natural, José Javier Fernández Santamaría, en la que informaba de que los terrenos del coto tenían la consideración de "aprovechamiento cinegético común". Es decir, los tiradores y los galgueros podían cazar todo lo que quisieran. Y así lo hicieron, especialmente aquellos sin posibilidades económicas para hacerlo en un coto privado. Los dueños del acotado, asustados, reclamaron entonces a la Comunidad que pusiera fin a la matanza. "Si no declaramos la veda acaban con todos los animales esta misma temporada", declara José Javier Fernández Santamaría.

El coto tiene una extensión total de 7.000 hectáreas. De ellas, 5.306 se ubican dentro de la provincia de Toledo, y el resto (1.594 hectáreas), en Villamanta. El acotado se regía hasta el año pasado por la Ley Nacional de Caza de 1970, que establecía que un coto correspondía a la provincia donde estuviesen la mayor parte de los terrenos. En este caso, en Toledo. Sin embargo, el año pasado, el Gobierno de Castilla-La Mancha promulgó su propia ley regional de caza.

Zona desagregada

En esta norma se prohíbe que los acotados puedan extenderse más allá de los límites de la comunidad. Por eso, la parte madrileña tuvo que ser desagregada. Los propietarios del coto iniciaron entonces los trámites ante el Gobierno madrileño para constituir el nuevo coto en la región. Pero el papeleo administrativo es largo, máxime cuando algunos afectados presentaron alegaciones a la constitución de la nueva zona acotada. De este modo, la Consejería de Medio Ambiente consideró que hasta que no se resolviese la solicitud los terrenos tendrían consideración de "terrenos de aprovechamiento cinegético común". Es decir, podía cazar en ellos quien tuviese una escopeta y permiso para utilizarla. "Hemos tenido que declarar la veda en un tiempo récord", reconoce el director del Medio Natural, "porque este coto, que estaba hasta entonces muy cuidado, podía haber sido machacado". Fernández Santamaría desconoce el número de cazadores y piezas abatidas. "Nadie lo sabe en la Comunidad, ya que no hubo ningún control, pero puede ser tremendo", reconoce. Los vecinos calculan que unos 200 cazadores aprovecharon la circunstancia de que era libre y gratuita la caza para no parar de pegar tiros.

Acusación del alcalde

El alcalde de Villamanta, Santiago Nuevo, del PP, considera que la culpa recae sobre el Gobierno regional. "Permitieron la caza, cuando podrían haberla prohibido, como de hecho hicieron una semana después", explicó Nuevo. El peor día se vivió el lunes 12, cuando se registró mayor número de aficionados. Los vecinos afirman incluso que algunos cazadores vinieron desde Portugal. Los tiradores se llevaban las piezas por centenares. Algunos incluso describieron que se vivió por la noche un tráfico "similar al que se vive en la Gran Vía". Los vecinos coinciden en que las especies tardarán unos cinco años en recuperarse. "Es una pena y una vergüenza lo que ocurrió. La culpa de todo esto la tienen los de la Comunidad de Madrid, que no han visto una liebre en toda su vida", critican Javier y Pedro Dorado, dos hermanos cazadores de Villamanta.

Nada más conocer que el coto había sido declarado zona vedada, el alcalde de Villamanta dictó un bando en el que comunicaba la orden de la Consejería de Medio Ambiente. El edicto se distribuyó por todos los municipios limítrofes.