La ley no obliga a los buques a tener ningún tipo de seguro

La ley no obliga a los barcos -cualquiera que sea su tamaño, ruta o actividad- a tener seguro alguno. En la práctica, los buques de la Marina Mercante suelen estar asegurados para cubrir sus responsabilidades civiles, de carga y de pasaje, pero nadie les obliga. Lo que sucede en los barcos que transportan pasajeros es que el título de transporte, el billete, lleva aparejado el seguro obligatorio de pasajeros. Lo mismo sucede con el billete del metro, de tren o de avión.

A una persona lega en seguros, acostumbrada a que todo vehículo a motor, por pequeño que sea, le corresponda como mínimo un seguro a terceros, le sorprende que en el proceloso mundo de la mar la exigencia de la ley en este campo sea nula. Nadie, ni el propietario de una pequeña lancha Zodiac ni el armador de un superpetrolero de medio millón de toneladas de desplazamiento tiene obligación de asegurar nada. Y es que a las actividades marítimas no les afecta la Ley de Contratos de Seguros de 1995, sino el Código de Comercio, que, con las correspondientes modificaciones, data de 1885. Ramiro Gómez, responsable del departamento de transportes en Cataluña de Mapfre y capitán de la Marina Mercante, afirma: "En España no hay cultura de seguros marítimos. Ni unos profesionales como los pescadores suelen tener aseguradas sus embarcaciones. Sólo si les obliga la entidad financiera que les da la hipoteca aseguran su medio de vida". Xavier Martínez Vidal, letrado de la asesoría jurídica de Mapfre, añade: "La cosa empieza a cambiar. Los pescadores jóvenes tienen otra mentalidad y ya recurren al seguro, pero sólo buscan protección para los daños propios. Se piensa poco en el daño a terceros".

Para otorgar una póliza a un barco, la aseguradora pide al armador que cumpla con todos los prolijos requisitos que le señala la ley y tenga todos los certificados para poder hacerse a la mar. Una vez aceptado el contrato ya no hay más revisiones. "Se revisa toda la documentación cuando hay algún siniestro", precisa Ramiro Gómez.

En casos excepcionales, cuando la aseguradora sospecha que el titular de una póliza le quiere engañar con algún fraude, se le somete a investigación por parte de detectives externos. Sólo en estos casos la aseguradora vuelve a controlar la nave. En condiciones normales, de las revisiones y del buen estado de la embarcación se encarga la correspondiente Capitanía Marítima.

Todos los barcos, sea cual sea su tamaño y su actividad, están obligados por ley a pasar una revisión anual en húmedo, dicen los marinos cuando quieren decir que la revisión se realiza con la nave en el agua; otra se pasa cada dos años en seco, fuera del agua, y otra a los cuatro años a fondo. "Se pretende que cada ciclo de cuatro años la nave haya pasado por una revisión de todos sus órganos vitales", precisa Germán de Melo, decano de la Facultad de Náutica de la Universidad Politécnica de Catalunya.

Cualquier medida de protección que se tome en un medio hostil como es el mar, aunque sea el pacífico Mediterráneo, es poca. "El 80% de los accidentes marítimos se producen por causas humanas", sostiene De Melo, además capitán de la Marina Mercante. Lo cual quiere decir que la Administración y la sociedad tienen que ser mucho más previsoras que en otros sectores.

Hizo falta que el 4 de julio de un ya lejano 1978 un camión-cuba cargado con 23.000 kilos de propileno explotara cuando circulaba por la carretera N-II a la altura del camping Els Alfacs, en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), calcinando a 215 personas para que la Administración legislara sobre el transporte de materias peligrosas e inflamables. Hizo falta en el todavía más lejano abril de 1912 que el mítico Titanic, la joya de la tecnología marina de la época, se hundiera en su primer viaje ahogando a más de 1.500 personas para que se obligara a partir de entonces a que todos lo pasajeros embarcados tuvieran chaleco salvavidas y plaza en los botes de salvamento.

Las expertos marinos sostienen que la tragedia de los 20 jubilados franceses en el lago de Banyoles provocará cambios en las leyes del transporte marítimo y endurecerá las condiciones de construcción y seguridad de los barcos recreativos.

Por de pronto, ayuntamientos como el de Tarragona, a la vista de lo sucedido en Banyoles, donde la juez del caso ha declarado responsable civil subsidiario a la alcaldía de la localidad, ha iniciado la revisión de todo su sistema de seguros de responsabilidad civil para asegurarse si puede hacer frente al pago de indemnizaciones en caso de tragedia. Además, municipios de la Costa Brava anuncian que pedirán a la Capitanía Marítima mayores controles sobre los barcos de recreo turísticos.