El cambio que no llega

El Gobierno vasco inició la legislatura con la intención de profundizar en la reflexión sobre el modelo de Administración que resulta más útil para garantizar la gestión eficaz y transparente de los recursos públicos. En las postrimerías de 1994, el anterior Ejecutivo dejó aprobado un paquete de 47 medidas encaminadas a corregir los defectos y agilizar el funcionamiento administrativo. Cuatro años después, la pregunta se dispara de forma automática: ¿La actual estructura de la Administración responde a las necesidades de los ciudadanos vascos? ¿Es efectiva? ¿Está próxima a los administrados? A pesar de su juventud -tiene 18 años de vida-, la Administración vasca no ha podido escapar a los vicios que han castigado a este tipo de estructuras en el conjunto de España, como la falta de eficacia, los solapamientos entre sus diversos niveles y la creciente atrofia en su actividad. El Ejecutivo vasco ha dado algunos pasos en los últimos cuatro años para corregir la tendencia. Ha creado la Oficina para la Modernización Administrativa (OMA), ha reducido el número de departamentos, de altos cargos y de personal de confianza, ha dimensionado las sociedades públicas y los organismos autónomos e incluso ha intentado poner en marcha la ventanilla única. "Ibarretxe -el vicelehendakari y máximo responsable de función pública- no puede decir que haya reformado la Administración", resumen los sindicatos. Y es que las relaciones con las centrales son uno de los puntos oscuros de la gestión del actual Gobierno. Los sindicatos han organizado huelgas y han criticado con dureza la imposición de las condiciones de trabajo por decreto. Así, el Gobierno no ha conseguido implicar al personal en la reforma. Duplicidades Uno de los parámetros que mide el alcance de la reforma se refiere a los problemas que se plantean por la diversidad de instituciones que tienen competencias para ejercer algún tipo de actividad pública. Ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco se ven abocados a una "competencia" innecesaria. Los solapamientos y la duplicidad en los esfuerzos desplegados minan la eficacia de la Administración. Durante esta legislatura, el Gobierno ha emprendido la reorganización de las diferentes delegaciones departamentales en los tres territorios. En octubre de 1997 se suprimieron las delegaciones de los departamentos de Cultura y de Industria. Además, también se ha racionalizado la prestación de servicios en materias como el turismo, el tráfico y el juego. Se han cerrado algunas delegaciones, pero ¿se ha realizado un traspaso de competencias a las diputaciones o ayuntamientos para que gestionen de manera más próxima al ciudadano algunas cuestiones? No. Aun queda lo más importante: determinar qué servicios tiene que dar la Administración y cuáles los ayuntamientos y las diputaciones. A pesar de que se han dado algunos impulsos legislativos, no se ha plasmado ningún proyecto concreto para traspasar responsabilidades del Gobierno a los otros dos niveles del entramado administrativo vasco. En el balance de actuaciones, el Ejecutivo señala que "se está llevando a cabo la creación de Registro Central Informatizado" y de centros unificados de servicios, como la ventanilla única, para facilitar los trámites administrativos entre todas las instituciones. Sin embargo, se trata de intentos muy tímidos y que se circunscriben a las ayudas para la promoción de empresas o el desarrollo de actividades económicas. Lo de la ventanilla única se queda en la experiencia piloto denominada Proyecto Hall, que se ha puesto en marcha en la sede que el Gobierno autónomo tiene en San Sebastián y que centraliza la información sobre aspectos relacionados con los diferentes departamentos gubernamentales. Reducción de altos cargos Donde sí se ha notado la reforma ha sido en la reducción del número de altos cargos y cargos de confianza. La proliferación de este personal ha lastrado la imagen de la Administración. El grado de politización de la Administración vasca había alcanzado unos niveles desproporcionados para su dimensión, llegando a superar al del resto de las comunidades autónomas, que cuentan con más habitantes, más provincias y más extensión territorial que Euskadi. El vicelehendakari y consejero de Hacienda y Función Pública, Juan José Ibarretxe, ha rebajado en un 19% los cargos de libre designación. Además, de contar con dos vicepresidentes se ha pasadoa uno solo. Asimismo se ha reducido el número de departamentos. La racionalización también alcanzó a las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado. De los 78 organismos autónomos y sociedades públicas que había en 1994 se ha pasado a 62. En la actualidad, el Gobierno cuenta con tres entes: el Ente Vasco de la Energía (EVE), Osakidetza y Euskal Irrati Telebista. Estos entes desarrollan las competencias que le corresponden al Gobierno en campos como la sanidad o los medios de comunicación pero en un régimen de descentralización. Por eso se rigen por el derecho privado. El Gobierno que está apunto de culminar la quinta legislatura va a dejar deberes a su sucesor, al igual que le ocurrió a él. A la reforma de la Administración aún le queda mucho camino por recorrer. La acuciante necesidad de improvisar una Administración pública tras la aprobación del Estatuto de Gernika, en una comunidad que carecía de tradición funcionarial, y la progresiva llegada de competencias han condicionado la creación del sector público en Euskadi. Pese a todo, cuando se plantea la pregunta clave de si la Administración vasca resulta efectiva, en las encuestas, más de un 60% de ciudadanos responde afirmativamente.