La batalla funcionarial

El Gobierno, los ayuntamientos y las diputaciones disponen de una plantilla cercana a los 80.000 funcionarios. Es decir, casi 30 funcionarios por cada 1.000 habitantes. Una de las constantes del Ejecutivo en los últimos años ha sido la congelación de su plantilla, que en la actualidad es de 57.000 personas, incluyendo al personal de la Ertzaintza, de los organismos autónomos y de los entes y sociedades públicas. De esos 57.000, la Administración general del Gobierno vasco se lleva 4.096 personas. Este número ha aumentado en el último lustro en función de los nuevos traspasos desde la Administración central. Durante la última legislatura el factor funcionarial ha tratado de ejercer su peso específico. El Gobierno nunca ha conseguido lubricar la relación con las centrales. Casi todos los aspectos contenidos en su plan de recursos humanos han sido rechazados por los representantes de los trabajadores. "El maquinista puede saber lo que quiere, pero si los fogoneros no están contentos el tren no anda". Con esta gráfica comparación los sindicatos tratan de reflejar el estado maltrecho en el que se hallan las relaciones con el Gobierno. El Ejecutivo ha sacado adelante la modificación de la Ley de Función Pública. Mientras el Gobierno ve en esta ley una posibilidad de flexibilizar la estructura de la Administración, para las centrales coarta la movilidad de los funcionarios. "La movilidad pasa de ser un derecho de los funcionarios a ser un instrumento cuya utilización queda a la libre voluntad de la Administración", protestan.

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