Comentarios a los presupuestos de I+D
El cambio de nombre que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) sufrió en 1996 para convertirse en Ministerio de Educación y Cultura, parece ser que viene acompañado de un cambio de contenido. En efecto, desde que se creó en 1985 la Función 54 de los Presupuestos del Estado para agrupar a todos los programas que financian I+D en el sector público español, el MEC había sido el principal departamento financiador de I+D. Así ha sido hasta 1997 en que el Ministerio de Industria (MINER) ha adquirido ese papel. Los presupuestos para 1999 confirman, así pues, una tendencia que comenzó con un inocuo cambio de nombre: en ellos el MEC representa el 17,7% del gasto en I+D frente al 63,9% del MINER.No se crea, sin embargo, que el nuevo liderazgo del MINER se debe a un cambio de orientación que intenta primar la investigación aplicada o el desarrollo tecnológico a costa de la investigación básica.
Para que ello fuese así, los incrementos presupuestarios del MINER tendrían que figurar en el capítulo IV de su presupuesto (transferencias corrientes), o en el VI (inversiones), o en el VII (transferencias de capital), pero no sucede así: los incrementos se han situado en el capítulo VIII, que se dedica a préstamos (reembolsables) a empresas. Concretamente y como ya señalaba EL PAÍS (30 de septiembre, sección de Economía, Defensa acapara la I+D), el incremento presupuestario en los créditos de I+D se destina a la fabricación del carro de combate Leopard, al avión caza EFA-2000 y a la fragata F-100. No es, pues, investigación y desarrollo, sino producción industrial, actividad ésta muy necesaria para la economía española, pero que quizá no debería financiarse mediante créditos de I+D.
Llama la atención, por otra parte, que en los presupuestos del año próximo aparezca un nuevo ente financiador de investigación, la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT), situado bajo el presidente del Gobierno: se crea, en efecto, un nuevo programa 542M, al que se dota con 6.795 millones de pesetas, de las que 3.000 millones van destinados a un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica. Teniendo en cuenta que el clásico programa 542A del MEC tiene el mismo nombre y está dotado con 20.672 millones, nos encontramos, pues, ante un Fondo Nacional y un Fondito.
A la OCYT le encomendaba el real decreto por el que se creó, la planificación, seguimiento, evaluación, coordinación y otras funciones propias de un órgano de primer nivel, pero nunca la financiación o la programación, que son funciones propias de órganos de segundo nivel.
Apenas ocho meses después de su creación, los Presupuestos Generales del Estado le otorgan una función que no le corresponde, dotándola de ese fondito de I+D y convirtiéndola, por tanto, en juez y parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
¿Por qué no se sitúan los créditos a la industria militar en otra Función de los Presupuestos y no se agrupan todos los créditos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica en un único programa? ¿No quedarían, así, las cosas más claras?
Finalmente, una breve glosa a la Ley de Medidas que acompaña a los Presupuestos Generales. La ley en cuestión dedica un artículo a regular la situación jurídica de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), para lo cual prorroga su actual situación pero les conmina a que presenten sus estatutos en el plazo de un año para su aprobación.
Teniendo en cuenta que todos los grupos parlamentarios aprobaron en junio pasado una proposición no de ley en la que se proponía al Gobierno una regulación satisfactoria para los OPIS, ¿por qué no ha incluido el Gobierno el contenido de esta proposición en la Ley de Acompañamiento? ¿Para qué sirve, entonces, el Parlamento?
