Los consumidores rechazan que las tasas del gas se apliquen con retroactividad
Las asociaciones de consumidores vascas se oponen a la regulación con carácter retroactivo de los controvertidos derechos de alta e inspección del gas natural, como pretende el Gobierno autónomo, y exigen que se devuelva todo lo cobrado hasta ahora. La Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) está dispuesta a impugnar el decreto que Industria aprobará en los próximos meses, en el que se establecerá una cuantía unitaria.
El aval al borrador del decreto por parte del Consejo de Estado -que considera "legítima" dicha tasa y estima "que debe ser retribuida por los usuarios"- no ha sido bien recibida por las tres principales asociaciones de consumidores. "Es una vergüenza. Se opta por el interés económico de las empresas", señala Berta García, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (EKA). La tasa definitiva que establezca el Gobierno determinará si las compañías de gas deben devolver cantidades a los usuarios. Industria tiene registradas cerca de 11.000 reclamaciones por una polémica que se destapó en enero, cuando el grupo municipal de HB en Bilbao criticó la existencia en cada provincia de tarifas muy diferentes por iguales servicios de alta e inspección: 23.000 pesetas en Bilbao, 7.000 en San Sebastián y 6.000 en Vitoria. Incluso, la empresa Bilbogas ha ofrecido a a algunos clientes las tasas de alta e inspección, junto al contador, por 100 pesetas, mientras que otros debieron pagar más de 44.000 pesetas. Industria anunció que en los próximos días explicará el contenido del decreto a las empresas y consumidores y comenzará a resolver las reclamaciones. La UCE, a través de su portavoz Luis María Cordero, reitera las dudas sobre la legalidad de las tasas pero considera irregular la retroactividad. "Impugnaremos el decreto porque trata de dar cobertura a una situación anterior que no es legal. Hay argumentos más que suficientes para decir que el decreto no tiene base legal si se aplica con carácter retroactivo". A su juicio, esta decisión se adopta "para que las empresas de gas no tengan que devolver el 100% de lo que se ha cobrado". Cordero reprochó la actitud del departamento de Industria por su silencio ante una demanda administrativa "que presentamos contra Naturgas [que opera en toda Vizcaya, salvo Bilbao, y parte de Guipúzcoa] en octubre, hace un año, y no la han resuelto, a pesar de que lo tenían que haber hecho en un plazo de seis meses". "Vergonzoso" La presidente de EKA, Berta García, calificó de "vergonzoso" el cobro de las tasas. "Sigo coincidiendo con el Ararteko que se ha obrado mal desde el departamento de Industria y las empresas, y los únicos perjudicados somos los consumidores". Añadió que la retroactividad es discriminatoria. "Si se ha obligado a otras empresas, como Eusko Tren o el metro, a devolver el dinero cobrado de más por no pasar el aumento de tarifas por el Boletín Oficial, ¿por qué no se hace lo mismo con los que son concesionarios de un servicio público? Esto es una decisión política", argumentó. Berta García mostró su desilusión por la postura de Industria y reveló cómo la dirección de Consumo, "en su último acto público en manos de los socialistas, cuando se marcharon del Gobierno, nos enviaron un escrito diciendo que teníamos la razón pero que el asunto es competencia de Industria". La Federación de Consumo de Euskadi (EKE) mostró una postura menos drástica, aunque también rechaza la regulación con carácter retroactivo. "Hasta ahora no había una ley que avalase los cobros y no debería afectar a la situación anterior", señala su presidente Jon Ariño. A su juicio, la tasa que se establezca debe ser "la menor posible" y se congratula de que el decreto "dé audiencia a las asociaciones de consumidores y se regule con criterios consensuados".
