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La Unión Europea (UE) está a punto de asestar un duro golpe a los intereses económicos de Andalucía: el rechazo de las ayudas recibidas por parte de la Junta a Cárnicas Molina. Los más de 7.000 millones de pesetas inyectados en esta sociedad, antes familiar y de la que dependen 500 trabajadores, pesan ahora como una losa sobre su futuro. Si bien se esperaba que en esta semana las autoridades comunitarias dictaran finalmente su resolución declarando ilegales tales aportaciones, los esfuerzos por parte de la Administración autonómica se han centrado en dilatar en el tiempo este pronunciamiento, cosa que al final ha conseguido. Queda por saber qué fórmula adoptará el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para sortear esta última dificultad. Se trata, sin duda, del obstáculo más serio para mantener dicha industria y sus puestos de trabajo, objetivo que se pretendía conseguir con su venta a Campofrío, integrante de la patronal Asocarne, precisamente la entidad que planteó la denuncia correspondiente ante la UE contra la entrada del IFA en el accionariado de la empresa jiennense. En el ámbito económico, el viernes volverán los integrantes de la Mesa Forestal a la carga. Quieren que se desbloquee la inversión de 22.000 millones de pesetas para los trabajos de reforestación. La concentración será frente a la sede del Ministerio de Medio Ambiente, de Isabel Tocino, a quien se le abre un nuevo frente en Andalucía con la configuración de los órganos de gobierno del flamante Parque Nacional de Sierra Nevada. En la Consejería de Medio Ambiente hay una clara discrepancia con el diseño establecido por Madrid, al considerarlo irrespetuoso con las competencias de la Administración autonómica. Presupuestos andaluces Pero, sin duda, el núcleo de la actualidad de estos días estará centrado en los futuros presupuestos de la Junta. Se abordarán en el Consejo de Gobierno de este martes. No se esperan novedades significativas, salvo la continuidad de su tendencia a primar las inversiones en Sanidad, Educación y Obras Públicas. En esas cuentas deben ir recogidas las partidas suficientes para hacer creíble el proyecto de aplicación en Andalucía de la reducción de la jornada laboral a 35 horas, una de las principales bazas de Manuel Chaves en este curso político. Queda aún pendiente la entrada en el Parlamento del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros. Ya está casi lista, después de pasar el filtro del Consejo Consultivo. En ese afán de encontrar el máximo apoyo, no se descartan cambios que posibiliten una mayor representatividad vía Parlamento, en detrimento de la designación directa, para la configuración de los órganos de gobierno y con el reconocimiento adecuado al peso de las fundaciones y otras instituciones ligadas a estas entidades. La idea es que llegue a la Cámara en el mes de octubre para que quede lista para su entrada en vigor en enero. Falta hace, porque como no se den prisa, las cajas comenzarán su proceso de renovación de órganos, como ya ocurre con el Monte de Sevilla y Huelva. En todo caso, lo que se requiere es un ordenamiento jurídico claro para el sector. Unas normas que supongan un mayor control para evitar situaciones comprometidas como, por ejemplo, que las autoridades monetarias, entiéndase Banco de España, le llamen la atención a una determinada caja por los excesivos riesgos inmobiliarios que había adquirido últimamente. Y se estrecha el cerco político en torno a la figura de Jesús Gil. Parece evidente que los partidos democráticos se han juramentado para poner freno al heterodoxo alcalde de Marbella quien, además de los nuevos frentes judiciales que se le abren, tendrá que dar esta semana una respuesta al reto que le han planteado PSOE, Izquierda Unida y, por fin, el Partido Popular, en la propia Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Le han conminado a que convoque una comisión gestora y si no lo hace, le presentarán una moción de censura, mientras que se le multiplican los problemas en su ayuntamiento.