Un juzgado investiga el enriquecimiento de los ediles de Marbella

Un juez de Marbella investiga el patrimonio del ex alcalde accidental marbellí Pedro Román y de todo su equipo de Gobierno en relación con una recalificación urbanística presuntamente ilegal, según fuentes próximas a las pesquisas de Hacienda. La investigación patrimonial, que busca aflorar sobornos, también podría afectar al propio alcalde, Jesús Gil, si prospera un recurso de la fiscalía contra su sobreseimiento en el caso del edificio Belmonsa.

El Gobierno municipal de Marbella afronta algo peor que su mayor crisis política tras la reciente dimisión del que desde 1991 fue su alcalde de facto, Pedro Román Zurdo. Él y no el alcalde oficial, Jesús Gil, firmó los 400 convenios urbanísticos que dinamitó la Junta de Andalucía al suspender su planeamiento general. Y él, no Gil, responde con riesgo de prisión ante los juzgados por el casi centenar de denuncias urbanísticas. Gil deseaba seguir concediendo licencias de obra aún después de que la Junta le dejó sin base legal. Román sabía que debería firmarlas al precio de multiplicar sus citas judiciales. Y ha optado por dedicarse a su densa agenda empresarial.Román salió del Ayuntamiento "más rico que entró, pero sin robar", según Gil. A la justicia le interesa tal enriquecimiento, del que Hacienda no tiene fiel noticia. El titular del juzgado número 7 de Marbella, Santiago Torres, investiga el patrimonio real del ex alcalde accidental marbellí y de todo su equipo de Gobierno en relación con una operación inmobiliaria (el edificio Belmonsa) recientemente suspendida por este magistrado "en atención a los indicios criminales", según fuentes relacionadas con las pesquisas solicitadas a Hacienda. El fiscal ha recurrido el sobreseimiento de Gil, que no firmó el expediente, y esto abre la puerta a que el juez y Hacienda escudriñen también su riqueza.

Román, al margen de la investigación encargada por el juez a Hacienda, es objeto de un expediente abierto por la Agencia Tributaria el pasado junio, según fuentes relacionadas con estas pesquisas, que evalúan en 400 millones su deuda con Hacienda. Tal inspección se abrió por la delegación de Hacienda en Marbella al constatar que Román se jactaba en público de ser dueño de la inmobiliaria Sierra Blanca, propietaria de una urbanización valorada en más de 2.000 millones. Los funcionarios de Hacienda comprobaron con sorpresa que el lugarteniente de Gil declaraba por todo ingreso sus sueldos como miembro de la corporación, de la mancomunidad y de la diputación provincial. Pese a su fama de empresario urbanístico, no citaba un solo ingreso procedente de acciones de sociedades ni declaraba poseer fincas. Igual sorpresa tuvo el juez al investigar el patrimonio de Román y de su equipo de Gobierno. Todos declaran sólo sus sueldos como cargos locales. Pero el registro mercantil lo desmiente. Román es dueño de dos inmobiliarias al margen de su confesada propiedad de Sierra Blanca.

Y no es el único miembro del equipo de Gobierno marbellí que ha mostrado cierta amnesia fiscal, según fuentes relacionadas con las pesquisas de Hacienda. El registro mercantil retrata como administradores de distintas empresas a varios concejales que oficialmente viven de su retribución pública. Sobre estas sociedades y demás patrimonio no aflorado se centra ahora la doble lupa del juez y de Hacienda. El magistrado intenta descubrir signos de enriquecimiento injustificado en el patrimonio de los miembros del equipo de Gobierno para rastrear presuntas comisiones a cambio de la recalificación urbanística del terreno donde se asienta el edificio Belmonsa que, según auto judicial, ocupó "576 metros cuadrados que anteriormente constituían parte de una plaza y jardines levantados por la corporación" y una calle. El juez, que alegó al ser consultado no poder informar por el secreto sumarial, investiga si pisos de Belmonsa han sido usados como pago encubierto a los ediles.