Ibarra, Bono y Chaves niegan que haya derecho alguno que justifique "privilegios entre territorios"

Los presidentes de las tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- firmaron ayer la Declaración de Mérida, en la que defienden la vigencia de la Constitución y rechazan que exista derecho alguno, "ni previo ni posterior" a la Carta Magna, "que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios". Manuel Chaves, José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra negaron que el documento de Mérida sea una respuesta a las propuestas nacionalistas de las Declaraciones de Barcelona y Lizarra asegurando que la suma de sus fuerzas no supone "un frente contra nadie", y dejaron claro que al firmarlo no representaban al PSOE, sino a sus comunidades respectivas.

La declaración, de tres folios, fue leída en la sede de la presidencia de Extremadura, en Mérida, por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras más de dos horas y media de reunión. A su término, el andaluz Manuel Chaves fue el encargado de dejar claro que su contenido no es la postura oficial del PSOE, sino el acuerdo institucional de los representantes de 10 millones de habitantes. Al ser preguntado sobre si el escrito podía contradecir o eclipsar la voz del candidato socialista, José Borrell, Chaves dijo: "No pretendemos entrar en contradicción con la opinión del partido, ni tapar, ocultar o disimular absolutamente nada, hay que separar claramente la opinión partidaria de la institucional, y no implica ninguna incompatibilidad".Además del empeño en subrayar el carácter "institucional" del documento, los firmantes del mismo negaron que éste suponga la constitución de frente alguno "contra nadie", en un claro intento de salir al paso de comparaciones o contraposiciones con las declaraciones de Lizarra y Barcelona firmadas por los nacionalistas.

El documento firmado ayer en Mérida es un espaldarazo a la Constitución, como garante del equilibrio y la cohesión entre los españoles. Para empezar, los tres presidentes socialistas "afirman su lealtad" a la Carta Magna, pero advierten que no están dispuestos a que su silencio les haga "cómplices" de procesos que marginen a sus comunidades, por lo que van a defender sus intereses, "que no son diferentes a los de España".

Con frecuentes referencias al término "territorio" -en lugar de país, nacionalidad o región- expresan su apoyo al Gobierno para que dirija el proceso de paz tras la tregua de ETA, y también su firme rechazo a que este proceso sirva para conceder ventajas políticas "porque sería la peor amenaza de la convivencia". "Exigimos de los demócratas, de derecha o izquierda, nacionalista o no, respeto a las reglas del juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que alguno desee hacerlo", dice el texto, y añade que la Constitución misma admite todas las posiciones, "comprendidas aquellas que contradigan su contenido".

En otro momento del texto se argumenta que la Constitución, que reconoce hechos diferenciales e incluso el acceso al autogobierno, no admite un "derecho natural" , ni previo ni posterior a la Carta Magna, que pueda invocarse "para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles".

Finalmente el documento recuerda que las tres comunidades firmantes están organizadas "políticamente como pueblos" y no sólo tienen derecho a pronunciarse, sino que el "deber" de hacerlo. Y concluye con la solicitud de una reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, así como de la comparecencia de Aznar para "reflexionar sobre estos importantes asuntos".

La Declaración ha sido enviada a los presidentes autonómicos en un gesto "cortés, educado y deferente", según Bono, sin aclarar si buscan adhesiones. Añadió, no obstante, que ayer mismo hablaron con los presidentes de Galicia y Castilla-León, Manuel Fraga y Juan José Lucas, y "otros más".