España se opone al plan de Bruselas para la financiación de la UE "porque es regresivo"

España se opone al documento sobre recursos propios (ingresos) que financian el presupuesto comunitario, que hoy aprobará en Estrasburgo la Comisión Europea, con la oposición de varios comisarios de países del Sur. El Gobierno mantendrá en el Consejo de ministros de la Unión Europea (UE) su propuesta de introducir elementos de progresividad en el sistema, al considerar regresivas las alternativas propuestas por Bruselas, todas ellas formuladas a la medida de los intereses de Alemania. La gran batalla se dará en la reunión de ministros de economía y finanzas, Ecofin, a fin de mes.

Sólo los jefes de gabinete de los comisarios españoles, Manuel Marín y Marcelino Oreja; del comisario irlandés Pádraig Flynn, y del griego Christos Papoutsis, se han opuesto al texto elaborado por el equipo del titular de Presupuestos, Erkki Liikanen (véase EL PAÍS del domingo).Han callado el portugués, los británicos y franceses. El resto lo apoya, por lo que muy probablemente obtendrá hoy la luz verde en el seno de la Comisión y pasará al Consejo Ecofin a final de mes. Ahí empezará la verdadera batalla.

El portavoz del Gobierno y ministro de Industria, Josep Piqué, adelantó ya el pasado domingo que España no retirará su propuesta de progresividad fiscal, para que contribuyan más los más ricos.

Primer objetivo

La propuesta española cumplió un primer objetivo, contrarrestar las demandas de la banda de los cuatro (Alemania, Holanda, Suecia y Austria) de reducir su esfuerzo financiero. Pero se ha estrellado en el segundo, ser reconocida en el informe de Liikanen, que la ha despachado con una página y media (de las 37), descalificándola en forma ofensiva al sostener que ya basta con la progresividad en el gasto, y que los contribuyentes deben velar para que los países pobres "usen el dinero sólo para este objetivo" .Queda viva una tercera función de la propuesta española: afianzar los argumentos para la discusión en el Consejo. Así, mal podría digerir la regresividad un país que ha defendido la progresividad. Y las propuestas de la Comisión resultan regresivas - perjudican más a los más pobres-, según el análisis español, por lo que es explicable que España se oponga a ellas.

El argumentario que perfila el Gobierno parte del Tratado de Maastricht, según el cual, los cambios en el sistema de ingresos no deben perjudicar a los países más pobres, a los que la Unión Europea dedica más gastos para lograr la cohesión.

Un protocolo del mismo, arrancado en Maastricht por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, en el último minuto, especifica el propósito de tener "más en cuenta la capacidad contributiva de los distintos Estados miembros en el sistema de recursos propios" así como el de "estudiar medios de corregir, para los Estados miembros menos prósperos, los elementos regresivos que existen en el sistema actual".

Esta doctrina se aplica a las dos grandes fórmulas en pro de los países ricos contribuyentes netos recogidas por Bruselas:

Mecanismo corrector de saldos, o fijación de un tope para el saldo neto (contribuciones menos transferencias recibidas), en el 0,3% del producto interior bruto (PIB), a partir del cual se devolvería un cheque al afectado.

Sería contradictorio con la política de cohesión establecida en el Tratado de Maastricht, pues lo que dejaran de contribuir los ricos deberían aportarlo los menos prósperos de cada país.

A España le costaría 400 millones de ecus (unos 67.200 millones de pesetas) compensar la rebaja concedida a Alemania y 800 millones si dicha rebaja se extendiera a otros.

Jurídicamente se inspira en el mecanismo del cheque británico. Pero éste se concedió en el año 1985, y se considera que el Tratado (1991) le ha quitado legitimidad, por erosionar la cohesión.

Cofinanciar el gasto agrícola, de manera que los Estados sufraguen el 25% de las ayudas directas al agricultor, según sugiere la Comisión; o el 100%, según la fórmula del vencedor en las elecciones alemanas, Gerhard Schröder, para ahorrarse el pago de 3.000 millones de marcos -255.000 millones de pesetas- (hoy el 100% del coste de la Política Agrícola Común, PAC, lo financia el presupuesto común).

El argumentario español se basa en que este mecanismo atentaría contra el principio de suficiencia de medios, podría contagiarse a otras políticas, y, sobre todo, que perjudica a los más débiles.

Aplicando el esquema que defiende el alemán Gerhard Schröder (aparte de Francia, que recibiría 381.696 millones de pesetas menos, casi igual cantidad en que mejoraría Alemania), España perdería 202.104 millones de pesetas; Irlanda, 97.272 millones ; Grecia, 59.640 y Portugal, 11.088 millones. Y con el de la Comisión Europea, una cuarta parte de esas cantidades.