El "copyright" de EspañaFRANCESC DE P. BURGUERA

Estamos donde estábamos: aquí lo que se discute no es otra cosa que la propiedad de España. Es decir, el derecho de propiedad sobre el concepto de España. Hay quienes se consideran propietarios -¿por herencia?- de copyright. Ellos, y nadie más que ellos, son los únicos intérpretes fidedignos y autorizados de España, de su historia. De la historia que ellos -los suyos- han escrito, claro está. Cualquier interpretación que difiera de esa su historia, dirán que es fruto, sin duda, de la manipulación de personas y grupos interesados y partidistas. Están instalados en su dogma y en él encuentran su cotidiano alimento espiritual: político y mediático. De aquí que cuando alguien habla de una España plurinacional y pluricultural, se pongan de los nervios. No digamos ya si se habla de soberanía compartida. Entonces entramos en el terreno de la esquizofrenia. ¡Qué le vamos a hacer! Luego resulta que la España que más gusta a quienes se sienten propietarios de su copyright, aquella que fue cabeza de un imperio en el que nunca se ponía el sol, era definida por Antonio Oliván, un erudito del siglo XVII, con estas palabras: "España era una federación de estados soberanos con leyes pactadas en contratos entre los ciudadanos y el Rey". Esta cita de Oliván fue aportada por el historiador Henry Kamen este verano, en El Escorial, durante el curso que sobre Felipe II organizó la Universidad Complutense. A principios del verano que ahora termina se hizo pública la Declaración de Barcelona, firmada por Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Gallego. ¡Nunca lo hubieran hecho! Políticos, intelectuales y opinadores de aquellos que se sienten propietarios del copyright de España pusieron el grito en el cielo. "Esa declaración es un torpedo a la línea de flotación de la Constitución", clamaban voces desde el socialismo. "La plurinacionalidad sólo se mantiene con regímenes autoritarios y represivos" (!), decían desde la derecha política carpetovetónica. Desde Santander, don Julián Marías, en representación de la intelectualidad más ortodoxa, afirmaba con rotundidad, refiriéndose a los firmantes de la Declaración de Barcelona: "Deberían avergonzarse de haber firmado ese documento porque es un disparate; es la violación de la realidad y la realidad es lo más respetado de este mundo". Pero el señor Marías, guardián de las esencias, va más allá y advierte a la concurrencia y público en general: "Éstas son conductas abusivas y desleales por parte de algunas comunidades autónomas. Hace mucho tiempo recordé que el artículo 155 de la Constitución prevé y estipula lo que se debe hacer en estos casos. Nadie parece conocerlo y recordarlo". Recordemos, pues, aquí y ahora, para complacer a don Julián, lo que "prevé y estipula" el citado artículo 155: "1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas". O sea que hay que llamar a los guardias, es decir, a la autoridad competente. Como siempre. Estamos donde estábamos. El 27 de septiembre de 1994 se celebraba en el Senado el debate sobre el Estado de las autonomías. Asistían al mismo los presidentes de cada comunidad autónoma, quienes, por primera vez, podrían intervenir expresándose en la lengua propia de su comunidad. Gallego, catalán y euskera iban a ser utilizados, junto con el castellano, en la Cámara alta, la que dicen que es la Cámara territorial. Para algunos, sin embargo, aquello era una "provocación". España poco menos que podía hundirse. Los tertulianos coperos ponían el grito en el cielo. Luis María Anson publicaba ese mismo día una portada en Abc en la que, junto a una fotografía a toda página del Rey, vestido con el uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas y bajo el título España, España, recordaba al ejército su papel de defensor de la unidad de la patria, citando el artículo 8 de la Constitución. Para Luis María Anson, el hecho de que en el Senado se utilizasen las otras lenguas del Estado junto con el castellano, le parecía un peligro para la unidad "de los hombres y las tierras de España". Y se dirigía a los guardias para que estuvieran alerta. Nada tiene de particular, por tanto, que ante documentos como la Declaración de Barcelona se pongan como se ponen. ¿Qué es eso de la España plurinacional? ¿Qué quiere decir eso de la soberanía compartida? "¡España es lo que es!" Lo que ellos dicen que es, claro. No hay otra concepción de España. Ellos tienen el copyright. Ellos son los propietarios. A los nacionalistas, como ha dicho alguien, "hay que ponerlos en su sitio". Pero ¿en qué sitio? Ésa es la cuestión. Porque sucede que, se quiera o no, los nacionalistas forman parte de la realidad, de esa realidad que, según don Julián Marías, los nacionalistas violan con sus documentos. Por lo tanto, ¿en qué sitio se quiere poner a los nacionalista?, ¿fuera de la realidad? Eso es imposible. Entonces...

Francesc de P. Burguera es periodista.