El PP prometió adelantar los 62.000 millones que ETA debe a sus víctimas

"Las iniciativas solidarias y concretas de reparación y reconocimiento a las víctimas del terrorismo y sus familias", a las que se refirió el presidente José María Aznar en su declaración institucional del pasado viernes, deberían traducirse en el cumplimiento del programa electoral del PP, según el portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Paulino Baena. Los populares prometieron que el Estado adelantaría a las víctimas las indemnizaciones fijadas por los tribunales, que ya suman 62.000 millones de pesetas.

"Con quienes se va a ser generoso es con los asesinos, no con las víctimas", vaticina Baena, ante el anuncio del Gobierno de que se flexibilizará la política penitenciaria si ETA acredita su renuncia definitiva a la violencia.El portavoz de la AVT recuerda que el programa con el que el PP ganó las elecciones de 1996 incluía dos reparaciones para las víctimas: una moral, el cumplimiento íntegro de las penas, ya descartada; y otra económica, el anticipo de las indemnizaciones fijadas por los tribunales en concepto de responsabilidad civil por daños personales, que aún no se ha puesto en práctica.

"Se procederá al seguimiento de la ejecución de las sentencias para el pago efectivo de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, que podrán anticiparse por el Estado, el cual se resarcirá después, exigiendo el pago a los responsables efectivos", decía el programa electoral del PP.

El cobro de estas indemnizaciones, que globalmente ascienden a unos 62.000 millones de pesetas, según las estimaciones de la AVT, sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Hasta ahora, las víctimas sólo han logrado cobrar a sus agresores unas 40.000 pesetas de indemnización, embargadas a dos ex miembros de ETA que encontraron empleo tras obtener el régimen abierto. El pago sólo se produjo una vez, pues al mes siguiente la empresa adujo que los ex etarras se habían dado de baja.

Además, uno de los damnificados por el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, ha conseguido que el Tribunal Supremo obligue al Estado a pagarle 45 millones de indemnización, por el "funcionamiento defectuoso" de la policía, que no desalojó el hipermercado barcelonés cuando recibió el aviso de bomba. Las restantes víctimas de aquella matanza, que dejó 21 muertos y 30 heridos, están pendientes de que se pronuncie el Supremo, tras el recurso del abogado del Estado contra una segunda sentencia de la Audiencia Nacional, o tropiezan con la negativa de la Administración a pagar con el argumento de que el plazo de reclamación ya ha prescrito.

La posibilidad de que las víctimas de atentados cobren las indemnizaciones millonarias que fijan los tribunales es muy remota, pues la ley limita al 30% del sueldo, siempre que el resto no sea inferior al salario mínimo interprofesional, la cantidad embargable. Además, las víctimas y la propia Audiencia Nacional desconocen qué ex miembros de ETA perciben un sueldo, aunque tener trabajo sea una condición para acceder al régimen abierto.

En estas condiciones, la AVT propone que, al igual que existe en Francia, se cree un fondo, nutrido con un recargo sobre las pólizas de seguros, que sirva para anticipar a las víctimas del terrorismo el pago de las indemnizaciones, de forma que el Estado se subrogue de dicha deuda y la cobre luego a los responsables. La idea fue asumida por el PP cuando estaba en la oposición e incorporada a su programa electoral.

Baena advierte de que los eventuales indultos que en su día conceda el Gobierno no pueden incluir la indemnización, pues "si la pena de cárcel corresponde al pago de una deuda con la sociedad, la económica es una deuda personal con la víctima".

La AVT reconoce las mejoras introducidas por el Gobierno del PP en el tratamiento a los damnificados por ETA. Un decreto de 18 de julio de 1997 incrementó la cuantía de las indemnizaciones y pensiones, institucionalizó el apoyo psicológico y reguló las ayudas al estudio y subvenciones.

El pasado 31 de julio, el Consejo de Ministros reformó dicho decreto para ampliar las ayudas por daños materiales en viviendas o vehículos particulares. Sin embargo, la AVT sigue reclamando una ley que unifique la dispersa legislación y, sobre todo, homogeinice el tratamiento a todas las víctimas, ya que las normas aprobadas hasta ahora, al no tener carácter retroactivo, han creado grandes desigualdades entre los afectados por atentados cometidos antes o después de su entrada en vigor.