Trabajo investigó a los manifestantes que protestaron por las ayudas irregulares
El Departamento de Trabajo investigó la gestión económica de un grupo de empresas que se acogió a los fondos de formación. La investigación se hizo a partir del cruce de los datos personales de unos manifestantes que protestaban precisamente por los criterios seguidos para el reparto de esas subvenciones públicas en el conjunto de Cataluña, que el año pasado ascendieron a 23.500 millones de pesetas. Las empresas investigadas por Trabajo, conocidas como grupo Méndez, se han querellado contra el consejero Ignasi Farreres por prevaricación.
La querella considera que el consejero de Trabajo cometió un delito continuado de prevaricación al otorgar las subvenciones siguiendo un criterio "particular, partidista y arbitrario". Hace dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite la querella y durante las investigaciones judiciales se ha descubierto un documento oficial de la Generalitat en el que se explica cómo y por qué se decidió investigar al llamado grupo Méndez, cuya cabeza visible es el empresario José Méndez Pérez. El documento data de octubre de 1997 y está firmado por el jefe del servicio de Planificación y Orientación Ocupacional, Josep Maria Puig, quien afirma: "A partir de la aparición de panfletos, repartidos en la entrada de las dependencias de los servicios centrales del Departamento de Trabajo hemos procedido a explorar nuestras bases de datos para identificar quiénes eran los suscriptores de las quejas que se formulaban en los citados papeles. A través del cruce de direcciones, teléfonos, nombres de los responsables, etcétera, hemos podido identificar a...". A continuación se enumeran los 16 centros del grupo Méndez a los que se concedieron subvenciones para planes de formación durante los años 1996 y 1997. Sin embargo, los beneficiarios de ese dinero aseguran que una parte de las empresas jamás llegó a cobrar las subvenciones aprobadas y que Trabajo todavía les adeuda unos 70 millones de pesetas. La Generalitat, por el contrario, sostiene que esa investigación descubrió que el grupo Méndez desvió 119 millones de pesetas procedentes de las subvenciones. Los afectados rechazan esas acusaciones y afirman que en estos años Trabajo sólo les ha investigado a ellos, al tiempo que recuerdan que entre los beneficiarios de los planes de formación figuran dirigentes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el partido en el que milita Farreres. Tras la aparición de ese documento, el abogado de estas empresas, Francesc Jufresa, ha ampliado la querella inicial al considerar que Trabajo ha realizado un "uso arbitrario e ilegal de datos que afectan a la intimidad de las personas y que obran en bases de datos de carácter público". La acusación recuerda que la utilización indebida de estos datos está tipificada en el Código Penal por constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El escrito de ampliación de la querella solicitaba que se requiriese a Trabajo la identificación de las bases de datos de que dispone y que detalle "las que han sido utilizadas para efectuar los cruces decididos y ordenados por el jefe de servicio". Los abogados también reclaman la identidad de los funcionarios que deben velar por la custodia de los documentos y que, una vez se conozcan sus nombres, se les tome declaración como inculpados. El magistrado que instruye la causa ha acordado aplazar la práctica de estas pruebas a la espera de que la Generalitat remita la documentación que se reclamaba en la querella inicial contra Farreres: la lista de todos los centros que formación que solicitaron subvenciones, con identificación de los cursos y los informes de inspección desde 1994.
