80 empresarios de toda España testificarán por el fraude de facturas del IVA
Más de 80 responsables de otras tantas empresas del País Vasco y de provincias como Madrid, Cáceres, Zaragoza, Toledo o Barcelona deberán testificar próximamente ante la Audiencia de San Sebastián en el juicio por el caso del fraude de las facturas falsas del IVA. El fiscal solicita para cada uno de los acusados, J.M.G.E. y J.M.G.M., una pena de cuatro años de prisión, además de una multa correspondiente a seis veces la cantidad defraudada al fisco, por sendos delitos contra la Hacienda Pública cometidos con carácter continuado.
Los acusados por el fraude del IVA ingresaron con sus firmas 1.500 millones
Según la calificación fiscal provisional, los dos acusados crearon sendas empresas que consiguieron unos ingresos, entre 1988 y 1990, superiores a los 1.500 millones de pesetas a través de la emisión de facturas falsas, que no se correspondían a ninguna operación real, pero que las empresas compradoras utilizaban para descontar el IVA. La Audiencia donostiarra deberá ahora fijar la fecha del juicio. Los testigos deberán explicar sus relaciones con las firmas creadas por los acusados. Están citados los representantes legales de más de 20 empresas alavesas, una decena de Guipúzcoa y otras tantas de Vizcaya, además de compañías de Madrid, Asturias, Zaragoza, Cáceres, Navarra, Toledo, Barcelona y La Rioja. Entre ellas, se encuentran compañías pertenecientes a sectores tan variados como construcción, metalurgía, plásticos y montajes eléctricos. El fiscal sostiene que J.M.G.E. y J.M.G.M. crearon, junto a sus esposas y otros socios, en 1983 y 1986 las empresas Mecanizados de Precisión S.A. (Mepresa) y Cipresa, dedicadas, según su escritura pública, a "la fabricación de piezas y elementos de máquinas mediante mecanizado en general". Según el Ministerio Público, los dos inculpados se dedicaban en realidad a emitir "facturas a diversas empresas que no correspondían a operaciones realmente llevadas a cabo". Los "ingresos detectados" en Mepresa entre 1988 y 1990 superaron los 900 millones, que ascienden hasta más de 1.500 millones al contabilizar también los recibidos en cuentas corrientes de la misma empresa, de Cipresa y en las del acusado J.M.G.M. Este acusado y su esposa ingresaron en su cuenta en dicho periodo 237 millones mientras que declararon a Hacienda apenas 12 millones, mientras que las empresas no presentaron en ningún momento declaraciones del IVA ni otros impuestos. El fiscal duda que las cifras supuestamente ingresadas sean reales y apunta la posibilidad de que "lo realmente ingresado por los acusados fuera entre un 5% y un 10% del importe de la factura emitida" más el 12% del IVA.
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