La tregua y la política

Desde el momento en que ETA, unilateralmente, ha decidido un alto el fuego, desde distintos medios se está emplazando a los políticos para que demuestren que están a la altura de las circunstancias. He utilizado esta expresión porque me parece que es acaso la menos banal entre las que se han repetido. Otras, como la pelota está ahora en el tejado de los partidos, o ahora toca a los demás mover ficha, dicen tan poco que, a los que queramos reflexionar sobre la política a emprender, difícilmente nos pueden servir de ayuda. Yendo a los maestros, lo que creo loable actitud, puedo empezar por donde Max Weber casi termina su conferencia sobre El Político y el Científico: "No hay más que dos pecados mortales en el terreno de la política: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad". Pero el mismo Weber, al tiempo que relaciona la política en la era de las democracias constitucionales con la demagogia -algo que nunca se terminará de vencer pero contra lo que siempre habrá que luchar-, señala cómo los periodistas "son los representantes más notables de la figura del demagogo en la actualidad", con lo que, para bien o para mal, los periodistas están también emplazados, en la medida en que ejerzan la política en editoriales, reportajes o tertulias, a formular finalidades objetivas y a actuar responsablemente. Ya veremos por dónde tendrá que buscar sendero el político, pero no estaría de más que los que le emplazan huyeran de la banalización en las preguntas y en las respuestas. Quiero decir, que, requeridos a ser ellos mismos políticos, no cayeran en el vicio que Schumpeter atribuye al que se coloca fuera y "desciende a un nivel inferior de prestación mental tan pronto como penetra en el campo de la política". Basta ver algún dibujo y leer las letras dibujadas, para encontrarse con un máximo ejemplo de esa actitud.1.Seguramente hay que empezar por la consideración del dato nuevo: ETA ha dicho que deja de matar. La reacción popular, y creo que debe ser también la del político, es de alivio y esperanza, porque lo que se anuncia es el fin de un gran dolor y de un gran terror. Si ahora leemos el texto de ETA, lo que descubrimos es su ferocidad y su ideología totalitaria y fundamentalista. A pesar de todo, procede pensar que una organización violenta no es lógico que renuncie a la violencia sin una traca final de retórica violenta. Además, parece lógico que, en el momento actual, la marcha atrás les va a resultar particularmente costosa. Y, en última instancia, siendo la política un proyecto responsable, y no sólo un juicio de hecho, en caso de duda es mejor apostar por la irreversibilidad del proceso que por la denuncia de trampas y por la actitud de cautela.

2.Tenemos ahora que decidir si la decisión de ETA debe determinar o no nuestras posiciones políticas. Tener finalidades objetivas y actitudes responsables (evitar, por tanto, los dos pecados máximos de la política) supone responder negativamente. No siempre cabría esta respuesta. Dos ejemplos: si ETA hubiera alterado de tal manera la convivencia democrática que, poniéndola en peligro, fuera mejor aceptar una relativa derrota y reconocerle por lo tanto triunfos antidemocráticos; si, al modo irlandés, ETA y GAL se hubieran enzarzado en una batalla cuyo control hiciera necesario aceptar un armisticio. No habiendo ocurrido ni lo uno ni lo otro, las soluciones democráticas deben derivarse de las proposiciones democráticas.

Así pues, el debate político deberá dilucidarse en los términos en que, en la democracia española, está planteado. En principio, hay un modelo vigente, que es el constitucional-estatutario, que consiste tanto en una atribución de competencias cuanto en un modo de decidir dónde está el ámbito en el que hay de plantearse sus posibles modificaciones.

Es cierto que, desde la Declaración de Barcelona, pasando por la reunión de Estella, los partidos nacionalistas han insistido en que las decisiones que deban tomarse serán las que se adopten únicamente en el ámbito vasco, lo que supone una forma de entender la comunidad política distinta a la constitucional-estatutaria. No se trata ahora de presentar las incongruencias de una ideología nacionalista que verbaliza una reivindicación nacional amplia pero que no residencia en la nación su pretensión de soberanía, pues para ello habría de incluir Navarra y las poblaciones vasco-francesas. Se trata más bien de que los nacionalistas formulan un modelo que los no nacionalistas no entendemos adecuado: en primer lugar, por lo que supone de alteración de unas reglas de funcionamiento por las que nos hemos ido rigiendo de modo aceptable; en segundo lugar, porque nuestro proyecto de sociedad implica el que entendamos que los ciudadanos crean un orden más justo, más viable y más integrador cuando estiman que el ejercicio de la soberanía debe repartirse atribuyéndolo en ciertas materias al Estado que hemos constituido (a la Constitución, por lo tanto) y en otras a las comunidades autónomas (por no hablar del orden internacional o de la Unión Europea). Que, en suma, es mejor ciudadano vasco el que se reconoce también ciudadano español y europeo. Pero lo que no puede ponerse en duda es el derecho de los nacionalistas a proponer su propio modelo, con todas las consecuencias. Solamente ocurre que no es el modelo de los vascos, sino sólo de una parte de los vascos. Y, además, que para pasar de un modelo al otro hay que modificar la Constitución, por vía constitucional. A ese cambio se llegaría, desde luego, si con una mayoría clara, planteada primero en las elecciones y como programa inequívoco de su partido, con reiteración, pues hay pasos para los que no hay marcha atrás, se abriera el proceso de modificación constitucional. Pero si toda decisión de la mayoría puede ser adoptada como decisión del todo, también hay que tener en cuenta que es una decisión contra la voluntad de la minoría. Y una decisión de una parte de los vascos que profundiza en la división interna, en lugar de en su vertebración, es entendida por los no nacionalistas como un modelo irresponsable.

3.El frente nacionalista es perceptible, a partir de la Declaración de Barcelona y de la Mesa de Estella. Consiste no tanto en que reú-na a los partidos nacionalistas, pues también, en el caso de Estella, los partidos no nacionalistas están convocados, cuanto en que, para la adopción de los acuerdos, pretende imponer la legitimidad de un modelo de decisión, el nacionalista. Son así los nacionalistas los que han iniciado su política frentista. No cabe, entonces, reprochar a los otros que concentren su esfuerzo en presentar a los ciudadanos cuál es el modelo no nacionalista, esto es, el constitucional-estatutario. Cuáles son nuestras finalidades objetivas de las que tenemos que hacernos responsables. Qué es lo que está en juego.

Por lo demás, y separados convenientemente el alto el fuego y el debate político, se abren muchas cuestiones de oportunidad que afectan a ambas perspectivas. Con respecto de la primera, cómo la esperanza del fin de la violencia se puede ir convirtiendo en certeza y qué pasos de reconciliación es conveniente dar. Con respecto de la segunda, cómo se incorpora al diálogo democrático HB y cómo, sin condiciones previas que cambien las reglas del juego, todos los partidos puedan confrontar sus modelos.