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Editorial:

Otoño universitario

LOS CAMPUS van a recuperar estos días la agitación de todos los otoños. Llegan a clase 80.000 profesores y millón y medio de estudiantes, 300.000 de ellos novatos. Se abre un panorama mucho más poblado de horas de tomar apuntes que de lecturas en la biblioteca, de explicaciones rutinarias que de seminarios o conversaciones personales profesor-alumno. Desgraciadamente, sólo algunas facultades harán honor a la misión innovadora y vanguardista de la Universidad y se volcarán en ser cada vez mejores.En ese esfuerzo cuentan casi exclusivamente con sus propias fuerzas o con lo que puedan obtener de sus comunidades autónomas. Porque el Gobierno central lleva tiempo lanzando un mensaje que los responsables de las universidades han interpretado como "no no hay política, no hay dinero". Así lo ha expresado la Conferencia de Rectores, desconfiados con el ministerio en asuntos como la reforma del profesorado, la compensación de las tasas perdidas por la nueva figura de familia numerosa, la reactivación del Consejo de Universidades como órgano de coordinación de 17 subsistemas universitarios y no digamos con la creación de un nuevo marco de financiación.

Los responsables del ministerio han dicho a las universidades que, para pedir dinero, se ahorren la visita y vayan directamente a las ventanillas de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. La cuestión no es sólo quién tiene las competencias, sino quién puede liderar un acuerdo parlamentario nacional para mejorar la financiación de la educación superior en España (400.000 millones reclaman los rectores). La duda es si el Gobierno cree que la Universidad merece también ser beneficiaria de la idea de que la educación es "la mejor inversión económica, social y humana" por su "decisiva importancia en el progreso de los pueblos", como dijo el Rey en la inauguración del curso escolar, el pasado día 14.

Cuando se desciende de las grandes cifras a las pequeñas se descubre que no son tan pequeñas: en torno a los 20.000 millones para afrontar la reforma del profesorado y unos 32.000 millones para digerir las exenciones de tasas por familia numerosa, de los que sólo 7.000 están a disposición de las universidades, según los cálculos de sus responsables. Está bien beneficiar a las familias, pero no lo está hacerlo a costa del buen funcionamiento de las universidades, cuyos números rojos se vuelven cada vez más oscuros.

Los rectores han puesto en marcha la iniciativa de elaborar un informe sobre la Universidad del futuro que reciba el amparo del Parlamento. La Conferencia de Rectores ha encargado el trabajo a un gran conocedor del asunto: el ex presidente de los rectores europeos Josep Maria Bricall, que acabará su tarea a final de curso. Ésa es la esperanza, que el diagnóstico venga acompañado de propuestas, y que los partidos las discutan como un asunto de Estado e impulsen las medidas que permitan a España entrar en el siglo XXI con una Universidad competitiva en Europa, atractiva para los estudiantes y prestigiosa para una sociedad que ahora se limita a mirarla de reojo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de septiembre de 1998