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El día que Franco pasó a la Infantería La retirada de la estatua del generalísimo puso contra las cuerdas al Ayuntamiento de Valencia

Miquel Alberola

Se trataba de un pulso al inmovilismo. El primer alcalde socialista de la democracia, Fernando Martínez Castellano, había tenido la deferencia con Jaime Milans del Bosch de plantearle la intención de retirar todos los símbolos franquistas de la ciudad, entre los cuales señoreaba la estatua ecuestre del generalísimo. Esta intención, por supuesto, provocó la negativa encendida del teniente general de la Tercera Región Militar, que llegó a amenazar con enviar una compañía para rendirle los honores correspondientes al capitán general de los ejércitos si se llegaba a producir. Sin embargo el Ayuntamiento de Valencia decidió la retirada de la estatua el 27 de abril de 1979, aunque no sería Martínez Castellano sino su teniente de alcalde de Urbanismo, Ricard Pérez Casado, que habría de sucederle tras una crisis, quien la llevaría a cabo. El régimen había sucumbido, pero no sus huérfanos, y esta estatua ecuestre, obra de José Capuz, era el símbolo de esa obcecación. Para los demócratas la nueva situación política no se visualizaba del todo mientras el generalísimo continuase cabalgando por el espacio público más concurrido de la ciudad. En todas las manifestaciones de demócratas era común el clamor "¡El burro i l"haca fora de la plaça!" (el burro y la jaca fuera de la plaza) a su paso ante el monumento en la entonces plaza del País Valenciano, y los ataques a la escultura con botes de pitura eran constantes, pero los temores y la delicada consistencia de la democracia desaconsejaban casi siempre la operación de retirada. Dos años antes, en 1977, un grupo de militantes del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) ya había intentado a la desesperada el derribo de la estatua con un camión y un despliegue de maromas, pero la acción de este comando fracasó. En 1980 la comisión de Cultura del Ayuntamiento ratificaba por unanimidad el acuerdo del pleno, aunque no se materializaba nunca, bien por ruido de sables, bien por campañas electorales, bien porque se producía una filtración que anulaba el operativo ya en marcha. El Ayuntamiento había retirado la estatua de José Antonio Primo de Rivera de la avenida que llevaba su nombre sin ningún problema, pero cuando el símbolo estaba vinculado al Ejército, las cosas se complicaban. Pérez Casado había tratado de negociar con Milans del Bosch una transformación de la Cruz de los Caídos en el monumento al Soldado Desconocido, pero el teniente general había sido meridiano: "Las cosas hay que dejarlas como están". Hasta que en 1983, con el PSOE en La Moncloa y estrenado un nuevo mandato, Ricard Pérez Casado decidió aplicar el pleno del año 1979. Milans del Bosch estaba en la cárcel por la insurrección del 23 de febrero de 1981, pero parte de su entusiasmo había quedado fuera. Para colmo, el PSPV-PSOE sólo estaba unido en la operación por la base. Los sectores contrarios a Pérez Casado, que eran notorios, siendo partidarios de la retirada, esperaban el fracaso de la operación para que el alcalde pagara la factura política. Debido al miedo, ninguna de las empresas que ejecutaban las contratas del Ayuntamiento quería comprometerse a un trabajo como éste, y la sensación de excesivo compromiso que reinaba entre los servicios municipales imposibilitaba que el operativo fuese asumido por los medios propios del Consistorio. Pérez Casado recurrió al concejal comunista Pedro Zamora, que aunque no formaba parte del equipo de gobierno era amigo suyo, para trazar un plan que sólo conocerían ellos y el socialista Juan Antonio Lloret. Zamora acudió a la Comisión de Defensa de la Naturaleza (Codena), un servicio de la Diputación de Valencia, cuyo jefe técnico era un socialista. En este servicio de mantenimiento de plantas y jardines trabajaban varios militantes de izquierdas que se encargarían de efectuar la retirada. La alcaldía pidió con discreción un informe sobre la estatua, y los datos del expediente municipal no resultaron alentadores. La operación se complicaba: la estatua estaba anclada al pedestal a mucha profundidad y se había fundido de una pieza, por lo que habría que serrarla. Pese a los inconvenientes, el Ayuntamiento no dio marcha atrás: sería el día 9 de septiembre. Ante la filtración producida en un intento anterior por parte de un concejal entonces socialista, el alcalde urdió la idea de proceder de madrugada. Pero los fans del general estaban al acecho. Poco después de las cuatro de la madrugada llegó a la plaza un camión de Codena con una pequeña grúa que sólo servía para transportar palmeras previamente arrancadas. Llevaba las placas de matrícula y los distintivos de la Diputación de Valencia ocultos y aparcó junto al monumento para enganchar la escultura con cables y mantenerla sujeta. Los operarios empezaron los trabajos para separar las patas del caballo del pedestal con sopletes, pero estos instrumentos resultaron ineficaces, por lo que hubo que recurrir a sierras manuales. Entre tanto, empezaron a aparecer ultras tratando de fotografiar a los trabajadores, forcejeando tras el cordón de agentes de la policía municipal y nacional. Los concentrados, que cada vez eran más, comenzaron a insultar y a agredir a los trabajadores, y ante esta situación el alcalde, que estaba siguiendo la operación desde el balcón del Consistorio, solicitó más efectivos de la fuerza pública al gobernador civil, Eugenio Burriel, a quien, no obstante, estaban transmitiendo novedades de total tranquilidad sus subordinados. Burriel comunicó a Pérez Casado que si no estaba sucediendo nada no era necesario destacar más efectivos, pero el alcalde le insistió en que sí que estaban ocurriendo disturbios junto al monumento, porque él los estaba viendo. Los trabajadores no podían cumplir su cometido sin garantías, y lo que iban a ver al instante les confirmaría las sospechas. La policía facilitó el paso a un joven significado en los ambientes ultras y lo ayudó a subir al monumento para que retirara una bandera nacional que uno de estos grupos había colocado sobre el bastón de mando de la efigie en días anteriores. Una vez arriba, este joven aprovechó para desenganchar los cables de la grúa y tirar los serruchos al suelo, y se puso a cantar el Cara al sol con el brazo en alto. Los obreros no tardarían a renunciar a culminar la operación, ante la impasividad de la policía. La alcaldía trató de reforzar a la brigada pero el esfuerzo era baldío. Ya había amanecido y los ultras se contaban por centenares, provistos de megafonía para insultar a muchos vatios al alcalde y al Rey. Sobre las nueve de la mañana los franquistas iniciaron una ofrenda floral en la que participó el teniente de alcalde y concejal de Alianza Popular Juan Carlos Gimeno, quien depositó una corona junto al pedestal. La operación había quedado en suspenso y la presencia de algunos grupos de demócratas empezó a provocar refriegas en las que los ultras llegaban a exhibir armas de fuego de modo amenazante sin que la policía interviniese. Mientras tanto, el alcalde había tratado de movilizar los recursos del Ayuntamiento y ni en las brigadas municipales ni en los bomberos, entre cuyos integrantes había muchos sindicados en CC OO y UGT, había encontrado a nadie que quisiera obedecer la orden. En medio de la desesperación, algunos concejales como Vicent Garcés iniciaron gestiones en medios sindicales, sobre todo en el sector del metal, y al cabo de media hora se presentó ante Pérez Casado un militante socialista de base y se le ofreció para organizar un nuevo intento "en serio" de cuya efectividad respondía. El alcalde aceptó el ofrecimiento y alrededor de las 14.10 apareció un grupo de 12 voluntarios vestidos con mono azul y el rostro cubierto por pasamontañas, entre los que había militantes del PSPV-PSOE, PCE y miembrosdel Partido Comunista Marxista- Leninista para afrontar el reto. Su presencia fue acompañada de una lluvia de piedras y bolas de plomo, que hirió a dos de ellos, pero a partir de ese momento la policía empezó a disciplinarse más y el trabajo pudo llevarse a cabo en un plazo de tiempo razonable, pese a los escasos medios técnicos. La grúa no podía soportar el peso y al tirar de la escultura hacia el camión se partió en dos trozos. No estaba anclada a tanta profundidad ni estaba fundida de una pieza. "Era tan falsa como el franquismo", recuerda Ricard Pérez Casado. El camión retiró las piezas y la policía cargó contra los ultras, que en su protesta derribaron varios contenedores, volcaron un Land Rover y apedrearon la puerta del Ayuntamiento. Inmediatamente los restos del monumento se convirtieron en un altar ultra revestido de banderas, flores y retratos del caudillo. A esa hora todos los medios de comunicación de España habían difundido la noticia y el golpismo, languidecido tras el fracaso del 23-F, trataba de reanimarse sobre la peana de este dictador desguazado. AP no perdía el tiempo y pedía la dimisión del alcalde por retirar un monumento "catalogado con un valor de tres millones de pesetas". Por contra, algunos concejales como Manuel Gallent, del PDP, y algunos compañeros de partido felicitaron al alcalde. Sin embargo, Pérez Casado sufriría la desautorización solemne de Felipe González, quien días después declaró a Cambio 16: "Yo no hubiese retirado la estatua". Durante la operación, Capitanía General no había cesado de llamar al Ayuntamiento para conocer el destino que le deparaba a la escultura. El Consistorio, antes de que el PSOE ganase las elecciones, la había ofrecido a la delegación territorial de Cultura, cuyo cargo ocupaba el abogado Juan Marco Molines, pero éste respondió que no disponía de sitio para la estatua. El mismo día de la retirada Pérez Casado habló con el ministro de Defensa, Narcís Serra, quien a su vez habló con el teniente general Vallespín para que le encontrara un sitio en alguna instalación militar. Mientras tanto, el camión de Codena la trasladó con total sigilo hasta unos almacenes municipales junto a la Alameda, para mandarla posteriormente a la restauración en el taller de unos especialistas. Una de las cosas que llamaron la atención a los restauradores fue que la espada había desaparecido, por lo que hubo que hacer una nueva. Uno de los voluntarios se la había quedado como trofeo. Cuando terminó el trabajo los militares fueron a recogerla y llevársela al claustro de Santo Domingo, en la Capitanía General de Valencia, donde todavía permanece. Intervención de referencia Falló la operación técnica y el mantenimiento del orden fue insuficiente, pero fue una intervención de referencia en el resto de España, puesto que en las únicas ciudades donde la estatua de Franco se encontraba en el lugar de máxima representación eran Valencia y Santander. El alcalde de Santander, Juan Hormaechea, quien había retirado la estatua en su ciudad sin ruidos, volvió a ponerla por considerar que el Ayuntamiento de Valencia "había insultado al generalísimo". Quince años después todavía muchos alcaldes se muestran convencidos de que la retirada de símbolos franquistas debiera haber sido una decisión de Estado, como hizo la República Federal Alemana.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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