Los juristas critican la actuación de la Generalitat con los menores "ilegales"

Diferentes juristas coincidieron ayer en criticar la actuación que ha tenido en los últimos meses la Generalitat de Cataluña hacia un colectivo de menores magrebíes que viven en las calles de Barcelona en situación de desamparo. En este tiempo, los niños han sido puestos a disposición de la administración autonómica y, o bien se han escapado de los centros de acogida, o, en otros casos, ha sido la Generalitat quien se ha desentendido de ellos.

La policía considera que este colectivo lo componen unos 100 niños magrebíes que han llegado a Barcelona huyendo de presión que se ejerce sobre ellos en países como Francia o Alemania. Otros colectivos de voluntarios que trabajan desde hace años con inmigrantes extranjeros elevan la cifra a más de 200 niños en la capital catalana y a unos 400 en el conjunto de Cataluña.En cualquier caso, todas las fuentes coinciden en que se trata de jóvenes que en la práctica totalidad de los casos no tienen familia y que se encuentran en una situación de predelincuencia por la situación de marginalidad en la que viven. La mayoría tienen entre 14 y 17 años, pero también hay de 12 y 13.

Contrariamente a lo que han señalado algunas informaciones, la policía no tiene constancia que los niños estén explotados o formen parte de una red. Los colectivos de voluntarios que trabajan con ellos ratifican esta opinión, aunque admiten que alguno de ellos puede haber cometido algún pequeño delito.

En lo que llevamos de año, el Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona realizó 448 personaciones de estos niños a la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat (DGAI). Las cifras oficiales aseguran que la media es que un mismo niño magrebí ilegal fuese presentado una media de tres veces al año, aunque como se explica en el artículo que acompaña a éste, se han producido casos en los que un menor ha sido traslado varias ocasiones durante un mismo día.

Las críticas de los juristas consultados por este diario se centran precisamente en la actuación de la DGAI cuando reciben estos niños y en la ausencia de una programa de actuación hacia ellos. La situación más grave y más crítica, según los juristas, se produjo a primeros de este año en dos centro abiertos situado en Barcelona y Manresa.

Diversas fuentes han coincidido en explicar que la DGAI no sólo no se hizo cargo de los niños que les llevó la policía sino que les ofreció la posibilidad de que firmasen una hoja en el que el menor declaraba que no deseaba estar bajo la tutela del centro al que había sido conducido. Ese documento, del que se entregaba una copia al menor, hacía constar su supuesta identida y fecha de la detención por parte de la policía.

Documento oficial

Se trata de un documento con el sello oficial del centro y extraído por ordenador, siguiendo el modelo de cualquier formulario y con espacios en blanco para el nombre y la fecha de cada caso. "Eso es una auténtica barbaridad", asegura una juez de familia de Barcelona que prefiere quedar en el anominato. "La ley encarga a la Generalitat la función de tutelar a los menores de 18 años que estén en desamparo, sea cual sea su situación legal o procedencia", asegura.La expedición de esos documentos cesaron por parte de la DGAI cuando el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet denunció la situación. Ramon Buscallà, el máximo responsable de la DGAI, por el contrario, considera que no se puede limitar la libertad a un menor que no ha delinquido, al tiempo que reclama una modificación legislativa para controlar a estos jóvenes. La Generalitat tiene transferidas desde hace años estas competencias, que actualmente dependen de Justicia y antes estaban adscritas a Bienestar Social.

Por su parte la abogada matrimonialista María José Varela, aseguró que "es curioso contrastra que haya tanta codicia por los niños recién nacidos y tanta pasividad con otros que de verdad necesitan ayuda". En idénticos términos se expresó el abogado Jordi Galdeano, de SOS Racismo.