El ruido y la razón

La Declaración de Barcelona tiene dos propósitos políticos dirigidos a un mismo objetivo. Desarrollar el autogobierno con una interpretación adecuada a la Constitución de 1978 y abrir un diálogo tendente al reconocimiento del carácter plurinacional del Estado. Formulada por CiU, el PNV y el BNG, tres fuerzas políticas mayoritarias o constituidas como alternativa de Gobierno en sus naciones, comprometidas con la defensa de las libertades y los derechos democráticos, fue recibida por los responsables de las fuerzas políticas estatales -pese a ser conscientes de su trascendencia- con críticas y argumentos tópicos y rutinarios, falando sen permiso da cabeza.Ramón Jáuregui reivindicó "la victoria del autonomismo sobre el independentismo", como queriendo expulsar a aquellas fuerzas políticas del campo de la sensatez, sin entender que la Declaración propone de forma expresa la configuración de un Estado plurinacional, que lógicamente tendría una forma asimétrica, con un ejercicio de las competencias en parte confederal y en parte federal, con fundamentos de soberanía compartida y con elementos de cohesión económica y social reconocidos tanto para con el Estado como para con la Unión Europea. José Borrell, olvidando que hace pocas semanas contribuyó a la aprobación de las Cortes, prácticamente sin debate, de un Tratado de Amsterdam que modifica el alcance del texto constitucional, descalificó la posición de los partidos nacionalistas tratándola como una patada a la Constitución. Mariano Rajoy opinó que los nacionalistas llevaban veinte años diciendo lo mismo, cuando sabe que después de casi dos décadas de aplicación restrictiva de sus Estatutos de Autonomía, la propuesta política plurinacional no sólo contiene la novedad de ser formulada de forma conjunta desde Galicia, Euskadi y Cataluña, sino que va más allá de la relación bilateral del poder central con cada nacionalidad por separado. Gregorio Peces-Barba se apuntó al inquietante "jugar con fuego" de Manuel Fraga, evocando de esta manera tiempos afortunadamente superados, cuando el poder central estaba en manos no democráticas, sin querer atender a las razones de una propuesta de transición desde el Estado autonómico al plurinacional, bastante menos radical que la del paso de la dictadura a la democracia.

En todo caso, con independencia del carácter circunstancial de estas manifestaciones, los responsables políticos que las formulan participan de una idea común. Para ellos, el poder y la razón están en el Estado, creen que desde ahí pueden negar aspiraciones nacionales presentes en Cataluña, Galicia y Euskadi, incluso aunque sean democráticamente hegemónicas, y actúan como si aquellas aspiraciones pertenecieran al campo de la irracionalidad. Parten de una concepción del Estado español como una entidad nacional unitaria, resultado de un destino predeterminado, cuyo carácter sagrado no puede ser puesto en cuestión.

Las fuerzas políticas que firman la Declaración de Barcelona sostienen otra concepción del poder y la razón políticas, piensan legítimamente de forma muy distinta y actúan movidas por una memoria y un proyecto político alternativos. No conciben al Estado español como la estructura política de una única nación, sino como una formación abierta, sobre el fundamento de una diversidad política y cultural innegable. Saben que la dialéctica entre una concepción uniformizadora del poder político y otra concepción diversa tendente a la plurinacionalidad está en la base misma de la estructura histórica del Estado español.

Para poner esto de manifiesto no es preciso acudir a tiempos anteriores a la delimitación de las monarquías absolutas española y portuguesa, ni insistir en el hecho de que antes del sigloXIX el territorio peninsular de las dinastías Habs-burgo y Borbón no constituyó propiamente un Estado moderno -a diferencia de lo ocurrido en Francia o Inglaterra-, sino que formaba parte de un patrimonio monárquico acumulado en la persona de CarlosV -de habla fran-cesa- y perdido progresivamente, para ser finalmente repartido -en su componente europea- como un botín por esas y otras dinastías como resultado de la Guerra de Sucesión de principios del XVIII.

Basta con referirse al proceso de estructuración del Estado en los dos últimos siglos, después de la Revolución Francesa y reducido su territorio al actual de la Península y las Islas. En este periodo secular, frente a la concepción estatal centralizadora y uniformizadora, heredera del territorio y del poder de la monarquía absoluta, se configuraron tendencias políticas partidarias de instituciones estatales federales o del establecimiento de instituciones nacionales plurales, de acuerdo con el principio de autodeterminación. En el sigloXIX podemos encontrarlas en la diversidad política de la rebelión contra Napoleón de 1808; en las reivindicaciones de la década de 1840, en el momento de la "primavera de las naciones" en Europa; en la propuesta federal del Sexenio Revolucionario, que se mantuvo durante la Restauración. La tradición política de los nacionalismos de Cataluña Galicia y Euskadi, cada uno con su carácter propio y respondiendo a la conjunción de circunstancias políticas, económicas y culturales, hunde sus raíces en ese siglo. No nace "tras el derrumbe de 1898", como afirma Jordi Solé Tura, ni esos nacionalismos son "estrictamente contemporáneos de los regeneracionismos y del nacionalismo español de la generación del 98", como le interesa a Jon Juaristi (cuando la ineficacia del Estado condujo a intelectuales españoles a soñar la regeneración de la sociedad sobre la base de absurdas virtudes cuasipersonales de la Castilla medieval).

Ya en el siglo XX, la repercusión en el Estado español de la aplicación del principio de las nacionalidades en 1918; la Constitución y los Estatutos de Autonomía de la IIRepública; o la preparación de una recuperación federal de la democracia cuando se esperaba la victoria de los aliados en los primeros años cuarenta, constituyen momentos clave de la misma tradición.

La Constitución de 1978 tuvo en cuenta parte de esta experiencia. Con ella las instituciones adquirieron, por primera vez de forma duradera, una expresión política plural, recogiendo expresamente la herencia autonómica de la IIRepública. Pero esto no fue el resultado de una razón estatal ilustrada o una concesión graciosa de un Estado consolidado que comprendiese la conveniencia de la descentralización, sino la consecuencia de un pacto en el que la memoria histórica y la voluntad democrática de las fuerzas políticas de las naciones sin Estado tuvieron un papel fundamental.

De acuerdo con esta voluntad, CiU, el PNV y el BNG formulan ahora un proyecto político democrático y racional, destinado a facilitar la convivencia entre las naciones del Estado y acorde con las realidades de la Unión Europea. La propuesta que realizan tiene que ser asumida en primer lugar por las sociedades de Euskadi, Cataluña y Galicia. Si éstas la hacen suya, difícilmente podrá ser negado un diálogo civil sobre el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado que propugna la Declaración de Barcelona.