Clinton aguanta

LOS ÚLTIMOS dos años de su Presidencia pueden convertirse para Bill Clinton en un infierno; pero ha de pasarlos no sólo para salvar su imagen, sino sobre todo para salvar la institución y evitar que la persecución inquisitorial a la que ha sido sometido genere precedentes, incluso más allá de su país. La publicación del informe del fiscal especial Kenneth Starr ha venido a mermar la poca autoridad política que le quedaba. Ahora bien, ¿hay base para su eventual procesamiento (impeachment) para destituirle? Se trataría de una decisión eminentemente política, antes incluso que judicial, para la que el informe de Starr no aporta elementos suficientes.La Constitución estadounidense, sabiamente redactada, habla de la posibilidad de iniciar este tipo de procesamiento de un presidente sólo por "traición, corrupción, fechoría o delito grave". Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución, ya alertó de que el impeachment sólo correspondía en cuestiones de "naturaleza política". Nada de esto se aprecia en el informe de Starr si partimos de la base de que, ocultar o mentir en materia civil para proteger su vida privada es comprensible -y así parece avalarlo la opinión pública americana, satisfecha ya su curiosidad sobre los devaneos de Clinton-, incluso en el caso del presidente de EE UU, cuya condición reduce el ámbito de la privacidad pero no la anula.

Nadie, tampoco el presidente de Estados Unidos, puede estar obligado a responder a un juez, a menos que medie un delito, a la pregunta de si ha mantenido relaciones sexuales con otra persona adulta. La sola pregunta colocaba ya a Clinton en una situación imposible. La negativa a responder, que era sin duda la salida más honorable, hubiera tenido un coste político. Ese precio habría sido más alto en caso de respuesta positiva, pero a la vista está que eligió la peor opción: una mentira bajo juramento. Cayó en la trampa para elefantes que le tendió Starr.

El fiscal especial empezó su investigación años atrás para intentar descubrir si había lugar a acusaciones contra Clinton en el caso Whitewater (una fallida negociación inmobiliaria en Arkansas), que el informe sólo menciona en dos ocasiones y sobre el que Starr ha reconocido no haber encontrado base suficiente de acusación. Pero el inquisidor Starr ha llegado desde ahí hasta el asunto Lewinsky por derroteros que poco o nada tienen que ver con la vida pública.

La decisión de transmitir por televisión la declaración de Clinton ante el gran jurado no es sino la penúltima desventura para un presidente que debe dedicar enormes esfuerzos a evitar primero que una comisión de la Cámara recomiende el inicio de audiencias para valorar los 11 cargos de Starr, y, si así fuera, a impedir que el pleno dé curso a un proceso de impeachment en el Senado. Un auténtico vía crucis parlamentario en un momento que exige más que nunca que el presidente de Estados Unidos ejerza su liderazgo en el mundo para hacer frente a una crisis financiera que amenaza convertirse en recesión si no se adoptan medidas urgentes.