Los jueces instructores franceses pierden la potestad de encarcelar a los procesados

El juez instructor no podrá ordenar en Francia la detención provisional de los sospechosos, sino que tal decisión deberá adoptarla otro juez. Y los acusados dispondrán de abogado desde la primera hora de su arresto. Dado el anacrónico procedimiento penal francés, la reforma aprobada ayer por el Gobierno entraña cambios revolucionarios. En España, el instructor sí puede encarcelar a un procesado, lo que ha suscitado críticas sobre el posible uso coercitivo de esa medida para cambiar una declaración y que ésta se adecue al sentido de la investigación judicial.

El texto que la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, presentó ayer a sus colegas y al presidente Jacques Chirac instaura en el Código Penal el principio de la presunción de inocencia -sólo presente hasta ahora en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 y en la convención europea de 1950- y busca acabar con la práctica de los jueces instructores que prolongan artificiosamente la detención de los sospechosos para forzarles a colaborar con la Justicia.Todo el andamiaje filosófico jurídico de un procedimiento orientado antes que nada a "esclarecer la verdad" queda ahora cuestionado, casualmemente semanas después de que el pelotón ciclista internacional y el mundo del deporte descubriera con escándalo en el reciente Tour el rigor del procedimiento penal. Según el proyecto, el abogado defensor podrá entrevistarse con su cliente durante un período máximo de media hora y fuera de la vista de los policías.

No sólo los corredores supuestamente implicados en prácticas de dopaje; todos los años muchos miles de ciudadanos franceses son sometidos a la incomunicación legal durante las primeras 20 horas de la garde-a vue, y no pocos de ellos pasan semanas y meses en prisión para luego quedar en libertad sin cargo alguno.

El caso del guía de montaña Daniel Forlé, que acompañaba a los jóvenes de Orres sepultados el 23 de enero último por una avalancha de nieve, es ilustrativo del procedimiento. Los medios gráficos dieron cuenta de cómo Daniel Forlé fue detenido, esposado y arrastrado por los gendarmes como si se tratara de un delincuente peligroso. Después de meses de prisión, ha sido puesto en libertad provisional, pero él y su familia han vivido un calvario.

Con este proyecto, elogiado vivamente por el presidente Jacques Chirac, es como si Francia, un país que ignora lo que es el complejo de insuficiencia democrática, hubiera terminado por hacerse eco de los lamentos de todos los damnificados de su particular sistema penal y comprendido que el título de "patria de los derechos humanos" no le preserva necesariamente de abusos y lagunas.

De acuerdo con el texto sobre la Presunción de Inocencia (tercer apartado de un proyecto que proclama la "autonomía fiscal" y recompone en aras de una mayor independencia del Ejecutivo el Consejo Superior de la Magistratura), el encarcelamiento provisional de los sospechosos pasará a ser competencia de un juez nombrado expresamente para el ejercicio de esa función. Este juez tendrá la última palabra sobre la demandas de libertad, que seguirán siendo cursadas al juez instructor.

La aplicación de la detención provisional quedará restringida a los sospechosos de delitos condenados con al menos tres años de prisión y a los cometidos contra las personas o el Estado que estén castigados con dos años de cárcel. Paralelamente, refuerza los derechos de la defensa durante el período de instrucción. Así, los procesados y las partes civiles podrán reclaman al juez instructor "todas las actas que consideren necesarias para el esclarecimiento de la verdad". Los abagados podrán asistir a los traslados de los detenidos y a los interrogatorios y declaraciones.

Sin fotos de esposados

A expensas de su discusión y posible modificación en la Asamblea, el texto de la ministra socialista ha despertado las reticencias evidentes en los medios policiales, y posiciones encontradas en la Judicatura. Los medios de comunicación están directamente concernidos, puesto que el texto castiga con una multa de 100.000 francos, (2,5 millones de pesetas) a los medios informativos que publiquen imágenes de personas esposadas o escoltadas, los nombres de menores víctimas de delitos, sondeos sobre la supuesta culpabilidad de los detenidos y reproduzcan circunstancias de un crímen o delito en términos que "supongan un atentado a la dignidad de la víctima". En los medios audiovisuales, el derecho de respuesta deberá ser garantizado en el plazo máximo de tres días.