La incineradora de residuos de Agost se reabrirá tras una sentencia del TSJ

La mercantil Sinde, propietaria de la polémica planta incineradora de residuos sanitarios y hospitalarios construida en Agost, anunció ayer el inmediato reinicio de su actividad tras conocer una nueva sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia, que declara "improcedentes" los cierres de la factoría ejecutados por el Ayuntamiento. El alto tribunal condena al Consistorio a pagar a Sinde una indemnización superior a 42 millones de pesetas por el cese del negocio durante la primera clausura de las instalaciones, entre los meses de abril y junio de 1995.

Está pendiente la valoración de la indemnización por el segundo cierre, ordenado por el alcalde, José María Brotons, en septiembre del año pasado. Los ecologistas anunciaron ayer mismo que volverán a movilizar a la población contra la incineradora, que consideran nociva para la salud. Cuando la polémica había remitido en Agost y el fantasma de la emanación de humos tóxicos parecía olvidado después de doce meses de cierre continuado de la incineradora, el pronunciamiento de los jueces, de nuevo favorable a los intereses de la empresa, augura nuevos y multitudinarios actos de protesta de los vecinos de esta pequeña localidad que vive de la agricultura y la alfarería. Carlos Leston, integrante activo de la Plataforma No a la Incineradora creada en 1995 para forzar el cierre de las instalaciones, aventuró ayer que la población "volverá a tomar las calles del pueblo y protestará con energía ante el peligro que corre su salud". Los grupos ecologistas mantienen que la quema de residuos hospitalarios provoca la aparición de nubes de polvo tóxico, extremo que niegan la empresa y las autoridades autonómicas que autorizaron la puesta en marcha de la planta a escasa distancia del casco urbano de Agost. En cuantas ocasiones han sido convocadas manifestaciones o concentraciones de protesta, la inmensa mayoría de residentes en el pueblo ha participado hasta forzar el cierre de las instalaciones. La planta inició su actividad a principios de 1995, con el beneplácito de las autoridades locales y todos los informes técnicos y medioambientales favorables. Tres meses depués, la presión popular obligó al Ayuntamiento a replantearse el asunto, que revocó un acuerdo anterior para declarar la actividad "lesiva al interés público" y solicitar al TSJ la anulación de la licencia de apertura concedida. El alcalde firmó entonces el primer decreto de cierre, que acabó en un contencioso-administrativo interpuesto por Sinde en el mismo tribunal, que le dio la razón en todos los extremos. Cambio de tecnología El cambio de actitud del Ayuntamiento y la fuerte polémica levantada sirvieron para que la empresa iniciara negociaciones y se comprometiera a cambiar su tecnología, que los ecologistas consideran lesiva, por un sistema de esterilización por autoclave, operación que implicaba una inversión de 120 millones de pesetas. Los cambios convencieron a los munícipes, que ratificaron el acuerdo, aunque poco después el alcalde firmó un nuevo decreto de cierre, ahora revocado por el TSJ. "Resulta difícil encontrar parangón en una actividad administrativa tan repleta de vicios constitutivos de nulidad de pleno derecho", escriben los jueces en su sentencia, muy crítica respecto a la actitud adoptada por el Ayuntamiento de Agost, condenado además a indemnizar a la empresa. Un portavoz de Sinde anunció ayer el reinicio de su actividad, su intención de reclamar el cobro de la indemnización, y su decisión de mantener el cambio de tecnología prometido a las autoridades locales.