Un "nuevo" curso escolarJOAN SUBIRATS

Vuelve a empezar un nuevo curso escolar, pero, si se me permite la expresión, no parece que vaya a variar para nada el curso que la escuela catalana ha ido siguiendo hasta ahora. El consejero de Educación de la Generalitat presentó la nueva etapa enfatizando aspectos que no constituyen novedad alguna: más inversiones en estructuras educativas, más dotación para maestros, no distribución de escolares de "minorías culturales" entre distintas escuelas de un mismo territorio. Se me dirá que no puede considerarse negativo el aumento de recursos para la enseñanza pública en Cataluña. Sin duda, pero el problema no es ése. El problema no es aferrarse al incrementalismo de lo ya tradicional, sino pensar en qué escuela quiere el país para los próximos 10 años. Permítaseme expresar algunas propuestas que no parecen estar en el mapa de navegación de la actual coalición convergente-democristiana: 1. Vincular mucho más estrechamente las políticas educativas y las laborales. Podría llegar a pensarse incluso en fusionar las consejerías de trabajo y educación, a fin de impulsar la integralidad de muchas iniciativas. Pero, quizá sin necesidad de ello, debería avanzarse en la constitución de consejos territoriales educativos, en los que estuvieran presentes y asumieran responsabilidades ayuntamientos, empresarios, sindicatos, padres y profesionales de la enseñanza, en una lógica de colaboración público-privada, para abrir mucho más las instituciones educativas hacia el entorno social y económico en el que se insertan, consiguiendo al mismo tiempo una responsabilización de la comunidad en el funcionamiento de las escuelas. Y no nos referimos sólo a la formación profesional, sino a todo el conjunto de la enseñanza obligatoria. Podría empezarse con experiencias pilotos en zonas donde ya existe cierta predisposición a ello, pero confiriendo auténticas competencias y autonomía a esos consejos de zona o de comarca. 2. En esa misma línea de descentralización y asunción de responsabilidades por parte de las instituciones más cercanas al ciudadano, debería impulsarse una amplia transferencia de responsabilidades educativas de la Generalitat a los ayuntamientos y consejos comarcales. Es inaudito que sigamos con una estructura tan centralizada como la actual, en que las delegaciones territoriales de la consejería no acostumbran a tener competencias ni para comprar material; donde los servicios centrales continúan actuando de gestoría barata y general del sistema, tramitando las nóminas a todos los maestros y profesores de Cataluña, tanto de escuelas públicas como de escuelas concertadas, y donde los ayuntamientos han de pagar consumos telefónicos, reparación de edificios, limpieza y mantenimiento de todas las escuelas, pero en cambio no tienen capacidad alguna para vincular los proyectos y planes estratégicos de su ciudad con la formación cívica y de valores de sus escolares, de sus futuros ciudadanos. ¿Qué impide traspasar a los municipios toda la responsabilidad en cuestiones en las que ya ahora intervienen en alguna medida, como mantenimiento, transporte escolar, personal no docente, servicios complementarios, construcción, actividades extraescolares...? ¿Qué impide que los currículos educativos puedan tener cierta intervención local en los concursos de adscripción de plazas de los maestros y profesores? ¿Pueden continuar haciéndose los mapas escolares desoyendo a los municipios directamente implicados? Después de la positiva experiencia de Vic, ¿por qué no dejar que sean los consejos escolares municipales, ahora vacíos de contenido, los que se ocupen de resolver los problemas crecientemente conflictivos de adscripción de alumnos? ¿No sería en definitiva mejor que los Badalona 9 que existen en Cataluña puedan ser afrontados desde los distintos consejos escolares de las Badalonas que también existen en el país, manteniendo la Generalitat sus funciones de responsabilidad global del sistema? Ya sabemos que la actual normativa encierra a las administraciones locales en un marco competencial educativo claramente residual o complementario, pero nada impide, si existe voluntad política para ello, utilizar la vía de la delegación de competencias, iniciando incluso el proceso de forma voluntaria y experimental. Si la actual coalición en el poder mantiene su tradicional antimunicipalismo, no podemos esperar grandes cambios. Pero sería deseable que otras formaciones políticas se manifestaran sobre el tema y asumieran compromisos. 3. Con relación a la implantación de la reforma, los anteriores puntos podrían resultar altamente positivos, al acercar la conexión entre escuela y entorno, y facilitar que sea la propia comunidad en la que inserta la escuela la que asuma las responsabilidades sobre una pieza tan esencial de la convivencia actual y futura como son las escuelas. Pero ello no es suficiente. El proceso de descentralización y de acercamiento de las responsabilidades educativas ha de conducir inevitablemente a dotar de mucha más autonomía a cada uno de los centros. La ESO, que ya lleva la obligatoriedad inscrita en su propio nombre, conduce a que los adolescentes estén obligados a permanecer en la escuela, y ello contradice la forma tradicional de entender la enseñanza secundaria. Los alumnos mantienen actitudes y parten de motivaciones muy distintas a las que se daban en los centros de secundaria. Los profesores se resienten en su identidad y han de modificar sus formas de relación con los alumnos. Todo ello impacta en el clima y las normas del centro, y en la estructura y desarrollo del currículo. Hasta ahora el control de cada centro se ha venido basando en el cumplimiento de las normas generales de funcionamiento definidas de manera centralizada por la Generalitat y sus servicios de inspección, y en los mecanismos de autocontrol de los propios profesionales de la enseñanza. No existen apenas datos sobre resultados ni se incorporan las opiniones de padres y alumnos a la reflexión sobre qué hacer y cómo hacerlo. Si se quiere que el tímido inicio de los mecanismos de evaluación del sistema educativo sirva para mejorar y no acabe siendo un requisito burocrático más, debe darse mucha más autonomía y la consiguiente responsabilidad a cada centro, a cada director de centro, a cada consejo escolar. Sólo así la reforma podrá ir ampliando sus aliados, y cada centro irá creando las complicidades con el entorno y la comunidad que permitan que su funcionamiento sea una auténtica responsabilidad colectiva y los conflictos internos no se estrellen en los estrechos muros y en las frágiles espaldas de cada escuela y de cada profesor. Se trata en definitiva de un conjunto de propuestas tan discutibles como otras, pero que están animadas por un hilo común: avanzar hacia la superación de un modelo centralista y homogeneizador que, si bien ha podido tener sentido en los años de institucionalización autonómica, ahora es totalmente insostenible y sólo se explica por los tics antimunicipalistas y por la debilidad organizativa de una consejería que tiene atribuidas en solitario las responsabilidades de un material tan altamente sensible para el futuro inmediato de Cataluña.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.