El Gobierno aprobará en octubre el decreto que autoriza el trasvase Guadiaro-Majaceite en Cádiz

Un año y medio después de que finalizasen las obras del trasvase Guadiaro-Majaceite, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, desveló ayer que el Ejecutivo central aprobará en octubre el decreto que regulará su funcionamiento. Este requisito, exigido hace tan sólo dos días por la Junta, con todo, no será suficiente para que el agua pase por el túnel de 12 kilómetros que une las provincias de Cádiz y Málaga. Será preciso que los 15 municipios que conforman el área gaditana -más de 750.000 habitantes- creen el ente gestor de la explotación del trasvase.

El subdelegado del Gobierno aludió a la inexistencia del órgano gestor del trasvase como "el motivo fundamental" del retraso acumulado en la puesta en marcha de esta importante infraestructura hídrica. "Es cierto que el Gobierno se podía haber dado más prisa, pero no hubiera servido para nada", aseguró, aunque reconoció que en la redacción del decreto el Consejo de Estado ha puesto algunas objeciones: "Han sido sugerencias para que se garantizase el cumplimiento de la ley del trasvase". La doble necesidad de un decreto y un ente gestor municipal para autorizar el trasvase Guadiario-Majaceite está recogida en la norma que lo regula, aprobada en 1993 por el socialista Josep Borrell, entonces ministro de Obras Públicas. Osuna salió al paso de las críticas que había recibido del delegado de la Junta en Cádiz, Francisco Menacho, en las que acusaba al Gobierno central de estar dilatando "injustificadamente" el funcionamiento del trasvase. "El agua se trasvasará tarde pero no por culpa del Gobierno", subrayó el representante de la Administración central. El subdelegado del Gobierno pronosticó dificultades para que los ayuntamientos lleguen a un acuerdo. Según sus cálculos, el organismo gestor tardará al menos año y medio en ser creado. Varios municipios han mostrado sus recelos ante la inversión -unos 21.000 millones de pesetas-, que precisan las canalizaciones. Un esfuerzo financiero que, como la explotación del trasvase, corresponde a los consistorios del área gaditana.