EU pide que se impute a la gerente de La Salud en el caso de la hepatitis

Esquerra Unida (EU) ha solicitado que la gerente del hospital privado Casa de La Salud de Valencia, la hermana Lucía, comparezca ante el juez en calidad de imputada porque considera que tiene "graves responsabilidades" en el caso del contagio masivo de la hepatitis C. Al letrado de EU, José Luis Ramos, le parece incongruente que la primera denuncia se presentara contra la clínica y que la máxima responsable de este centro sólo haya comparecido hasta ahora ante el juez instructor como testigo.

"Cuando a uno lo denuncian por algo", alega Ramos, "el juez tiene que llamarle a declarar como imputado o decidir que se archive la denuncia porque no le encuentra ningún fundamento". Según su opinión, en el caso del contagio masivo de la hepatitis C, el juez instructor, José Manuel Ortega, debe declarar como imputada a la hermana Lucía ("como responsable del centro denunciado") o dictar un auto de archivo de la denuncia por considerarla infundada. Al abogado de EU -que está personado como una de las cuatro acusaciones populares- le resulta "sorprendente" y "anormal" que hasta ahora la gerente de la Casa de La Salud sólo haya comparecido ante el juez instructor como testigo. Además de EU, Pilar Beltrán, la abogada de Juan Maeso (el anestesista imputado), solicitará al juez José Manuel Ortega, que la gerente de la Casa de La Salud declare como imputada, según informa la Cadena Ser. Para la defensa, en las declaraciones de las tres religiosas del hospital privado (que comparecieron ante el juez instructor el pasado 23 de junio) hay indicios suficientes para que la gerente de la clínica Casa de La Salud comparezca y "aclare algunos puntos clave para la investigación del contagio". Unión de acusaciones El letrado de EU, José Luis Ramos, se opone a que las cuatro acusaciones populares se unifiquen y queden representadas por un único abogado, como pretende el juez. El magistrado les ha dado un plazo a las acusaciones populares para que unifiquen sus posturas porque considera que así se agilizará la tramitación de las diligencias del caso. Ramos reconoce que la ley faculta al juez para solicitar esta unificación cuando hay muchas partes personadas en un caso para evitar que se reiteren las prácticas judiciales. Pero en esta situación considera "absurda" la unificación de las cuatro acusaciones populares y se muestra decidido a impugnar la decisión judicial. El sindicato CSI-CSIF, otro de los personados como acusación popular al igual que dos asociaciones de consumidores (AVACU y la UCE), también se muestra contrario a la decisión judicial. Ramos explica que hay 96 abogados personados, 92 de particulares y cuatro acusaciones populares. Si se unen estas últimas quedarán aún 93 abogados con lo que "el juzgado sólo se ahorrará un 3% en las fotocopias de las diligencias". Además, teme que esta reducción tendrá consecuencias negativas, ya que las acusaciones populares son "las únicas que representan los intereses colectivos y que pueden exigir responsabilidades políticas a la Administración".