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La oposición exige que el municipio se persone en el juicio del caso de la sauna

La oposición municipal sigue presionando al equipo de gobierno del alcalde José María Álvarez del Manzano, del PP, para que reaccione contra la red de presunta corrupción destapada con el caso de la sauna gay Paraíso. Cuatro funcionarios han sido imputados por el juez por un supuesto delito de cohecho al aceptar dinero a cambio de licencias para abrir locales. IU lanzó a media mañana la idea: que el Ayuntamiento se persone en el juicio como acusación particular. El PSOE se sumó a la iniciativa.Los partidos de la izquierda en el Ayuntamiento también exigieron ayer que a los funcionarios denunciados se les aparte de los puestos que actualmente ocupan. Tres de los cuatro empleados trabajan en el mismo lugar y con el mismo cargo que cuando saltó el caso, en el verano de 1996: Carmelo García Sánchez, en Gerencia de Urbanismo; Jerónimo Martín Fuentes, en el área de Obras, y Antonio Ramírez Rodríguez, en la Junta de Moncloa; el cuarto empleado implicado es Juan María Beltrá, que trabajaba en la Junta de Centro pero que ahora desempeña sus labores en un centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) asociado al Ayuntamiento. Francisco Herrera, portavoz municipal de IU, afirmó que "la presunción de inocencia acaba cuando el juez les imputa un delito".

El alcalde respondió ayer que no piensa trasladar a los funcionarios implicados hasta que no haya sentencia firme, "porque este asunto está reglado y por ley no se puede hacer". El regidor añadió que fue el Ayuntamiento "el que empezó a investigar estos hechos". El Ayuntamiento, en agosto de 1996, suspendió a los funcionarios de empleo y sueldo por seis meses, tiempo máximo permitido por la ley.

El concejal de Personal, Sigfrido Herráez, del PP, matizó ayer que el Ayuntamiento no puede expulsar a estos funcionarios hasta que no haya sentencia firme. Y tampoco "puede seguir pagando el sueldo a estos empleados y apartarlos de su puesto de trabajo, porque eso contraviene un real decreto de 1995 en el que se regulan las situaciones administrativas". Eso sí, el edil considera que, dada la lentitud de la justicia en resolver los casos, "el plazo de seis meses de inhabilitación debería ser mayor, pero eso es algo que corresponde al Gobierno central". En el caso de la sauna gay, además de los cuatro funcionarios implicados, el juez ha imputado un delito de cohecho al dueño del local, Francisco Herrero; a un ingeniero industrial, Francisco Garrido; a un delineante, Roberto Martínez, y a Max Kraege, gerente de la empresa TUV.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de septiembre de 1998

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