La oposición pide a Díaz Alperi que no libere más suelo hasta decidir el modelo de ciudad

Iniciar los trabajos para revisar el planeamiento urbanístico de la ciudad cuando falta menos de un año para las elecciones locales es, para los partidos políticos de Alicante sentados en la oposición, una "temeridad" de la que no puede salir nada bueno. Si para afrontar esa revisión se parte, además, de la premisa de liberar suelo urbanizable en cantidad suficiente para configurar una ciudad sin modelo definido cercana al millón de habitantes, la propuesta, aparte de temeraria, es "una insensatez". El PP quiere convocar un concurso para adjudicar a especialistas la revisión del plan general urbano.

Los planes del PP de convocar este mes el concurso para adjudicar a un gabinete especializado la revisión del plan general de Alicante por 100 millones de pesetas han sido acogidos con fuertes protestas por los grupos de izquierda, que reclaman un debate para determinar primero qué modelo de ciudad se quiere. El urbanismo lleva camino de convertirse casi en el único punto de debate en la recta final de este mandato del PP. La intención del PP de liberar unos 20 millones de metros cuadrados para expandir la ciudad hacia Elche y configurar una gran área metropolitana ha levantado polémica. Representantes del PSPV, EU y NE han pedido al alcalde, Luis Díaz Alperi, que dé marcha atrás y abra un debate sobre la cuestión. Las críticas al primer edil y a su concejal de Urbanismo, José Ramón García, crecen día a día sin que éstos den su brazo a torcer: una vez adjudicado el estudio, en dos años el término de Alicante será mucho más urbano de lo que es. Para el portavoz municipal de EU, José Luis Romero, acometer la revisión del planeamiento antes de que la ciudadanía se pronuncie parece más una propuesta de la federación de promotores y constructores que de un partido: "Da la impresión de que el PP no tiene otra idea de ciudad que el permanente crecimiento de la edificación y la especulación". Romero recuerda que los planes urbanísticos en marcha o a punto de aprobarse permitirán levantar unas 30.000 viviendas, cifra que, a su entender, garantiza la actividad empresarial para los próximos 10 años. "Además", dice, "nadie parece tener en cuenta que en Alicante existe un enorme parque de viviendas sin utilizar y sin vender". Los partidos de izquierda no comparten la opinión de que Alicante tenga necesariamente que crecer, pero, en cualquier caso, insisten en que antes los ciudadanos y las instituciones mismas deben tener "muy claro" si quieren vivir en un área metropolitana de un millón de habitantes o seguir disfrutando, como hasta ahora, de una ciudad de tamaño medio. Viviendas vacías Preocupa desde la oposición, y mucho, que el desarrollismo y la alegría urbanística se acometan al calor de un periodo de expansión y bonanza económica, al que suele suceder la inevitable represión que traería consigo la imposibilidad de vender lo construido. "Nos quedaría una ciudad fantasma llena de viviendas vacías", advierte Romero. El candidato del PSPV a la alcaldía, José Antonio Pina, insiste por su parte en la conveniencia política de posponer el debate a después de las elecciones locales de 1999. "El PP va muy deprisa, no va a dejar suelo libre en la ciudad y yo no sé de dónde va a salir tanta gente para ocupar las viviendas que se podrían construir con la propuesta del equipo de gobierno", comenta. Pina se pregunta también cómo podrá el Ayuntamiento afrontar en su gasto ordinario el mantenimiento de una infraestructura urbanística tan gigantesca. "La mayor parte de las viviendas que se pretende construir no se ocuparán, por tanto no tributarán y, además, todos sabemos que el Estado aporta fondos a las arcas locales de acuerdo al censo de habitantes, lo que significa que nos estamos jugando el futuro de la ciudad". Para el portavoz de NE, Pablo Rosser, antes de acometer la revisión, el Ayuntamiento debería encargar un informe para determinar el suelo disponible, de acuerdo con el planeamiento actual, el parque de viviendas vacías y la cantidad de edificios que todavía pueden levantarse en solares y planes parciales aprobados o en estudio, además del crecimiento demográfico de la última década. Con esos datos, los expertos dispondrían de parámetros exactos y suficientes para saber si la ciudad debe crecer, cuándo debería hacerlo y por dónde.Y todo esto se produce con el beneplácito de la Administración. "En esas operaciones urbanísticas hay dinero público", recuerda Salvador Lara, que se refiere con ello a las inversiones oficiales para la construcción de complejos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias y de edificios como el Palacio de Congresos, que actúan como gancho para grandes operaciones urbanísticas. "De esos edificios emblemáticos que promueve la Administración se aprovechan los promotores", resalta Lara. Juan Pecourt, por su parte, lamenta que este modelo de actuación -de "arquitectura corporativa", según definición de este urbanista- "se está tomando como lo normal de un proceso de desregulación" de la actividad urbanística. "No es que haya que volver a la situación anterior", agrega Pecourt, "sino que se trata de establecer mecanismos correctores". Medidas de choque Todas estas cuestiones ponen en evidencia, según ambos arquitectos, la necesidad de revisar el vigente Plan General de Valencia. Pero mientras tanto hay que actuar, porque ese trámite es lento. "Hacen falta medidas de choque", considera Lara. Y una de ellas afectaría a la gatera. "El estudio de detalle tiene que dejar de ser un mero trámite administrativo, para convertirse en un documento urbanístico que sea fiscalizado no sólo con una visión matemática, como ahora sucede, sino también estética, funcional, formal y de contexto", añade. Así pues, no se trataría tanto de cerrar la gatera como de poner trabas para que no se cuelen tantos gatos. Porque, según Lara, mediante la actual manera de proceder "se está hurtando el sentido que tiene la decisión de edificar en altura, que es liberar suelo abajo". "Todo esto no tiene sentido si no se libera suelo para el ciudadano", añade. Además, menciona la bajada que ha experimentado la demanda de vivienda de nueva construcción, y agrega: "La gente podría vivir mucho mejor y por menos dinero rehabilitando viviendas, por ejemplo en el centro histórico". Sin embargo, todavía no es tarde, en opinión de Lara y Pecourt. "Todo esto tiene solución, estamos a tiempo de reconducir la situación", declara, solemne, el primero. "Habría que exigir una urbanización de más calidad", tercia el segundo. Ambos consideran necesario que el Ayuntamiento de Valencia se dé cuenta de lo que está pasando y ponga en marcha las medidas correctoras pertinentes. Unas medidas que pasan por una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que desde su aprobación, en 1988, ha sufrido más de un centenar de revisiones parciales, tantas como estudios de detalle han recibido la luz verde del Ayuntamiento y que han contribuido a desvirtuar el planeamiento aprobado entonces. Pero no todas las culpas son para la Administración y para los promotores. También el Colegio de Arquitectos tiene su parte. Y a estos dos profesionales no les duelen prendas a la hora de ponerlas públicamente de relieve. "Es necesario recuperar el papel del Colegio de Arquitectos", señala Salvador Lara, "que debe defender la buena arquitectura, la calidad, la estética."