Laxantes y urgencias

Las discordias políticas terminan enturbiando, en lugar de aclarar, los asuntos sobre los que porfían. Por eso es poco probable que se puedan obtener conclusiones del enfrentamiento existente entre la Junta y el Gobierno de Madrid sobre el medicamentazo. Si existiera la posibilidad de un debate político medianamente serio, ésta hubiera sido una ocasión ideal para discutir sobre cuáles han de ser los límites racionales y justos del estado de bienestar y, de paso, iniciar una muy necesaria campaña didáctica sobre el uso sensato de los bienes públicos. El enturbiamiento del debate político no permite quizá que la ciudadanía saque conclusiones y, ni mucho menos, que pueda obtener un modelo de comportamiento. Bajo las mismas siglas del PSOE se ha pasado de culpar a los ancianitos de ser auténticos depredadores del sistema de salud -como se hacía cuando Carlos Solchaga era ministro de Economía- a esta generosa barra libre de laxantes que patrocina Manuel Chaves. Cualquiera que tenga amigos en la sanidad pública habrá oído quejas sobre la escasa valoración que, injustamente, algunos usuarios dan a los servicios que reciben. Quizá porque los reciben gratis, ignoran su verdadero costo, los comparan inevitablemente con la vieja beneficencia y no con algo propio de estados modernos y además no tienen la posibilidad de medirlos con los de otros países o con la misma medicina privada de este país. Los más quejosos -dicen los médicos- son, precisamente, lo que soportan dolencias menores -e incluso triviales- y uno de los servicios que más quejas suscitan es probablemente el de las urgencias de los hospitales públicos. Es normal, dado el estado de ansiedad con el que llegan a esos servicios buena parte de los pacientes. Pero también sucede que muchos acuden buscando lo que normalmente deberían de encontrar en los centros de salud o, simplemente, acudiendo a una farmacia o al sentido común, que debería de estar más a mano. El resultado es que en muchas ocasiones se pone en marcha una maquinaria costosísima para curar dos picaduras de mosquito, un dolor de muelas o un persistente estreñimiento que el paciente no se decide atajar hasta la madrugada del undécimo día. Éstos no son casos inventados, sino reales y están extraídos de las hojas de reclamaciones de un hospital de Málaga. Naturalmente, muchos de tan veniales pacientes quedaron descontentos por el trato recibido, ya que tuvieron que esperar ante la competencia de otros asuntos más urgentes y propios de estos servicios: accidentes, intoxicaciones, ataques cardíacos... Hace años que se habla de un proyecto siempre aplazado: hacer firmar a cada usuario de la sanidad pública la factura con los gastos ocasionados para que tenga conciencia del costo real de los servicios que utiliza. Ésta sería quizá una manera de ayudar a la ciudadanía a valorar y usar más sensatamente los servicios públicos. Pero más que crear esta conciencia, ahora parece que la Junta y el Gobierno se hubieran puesto a competir a ver quién da más, sin que quede claro si la oferta que se hace es o no sensata. Todo lo más, puede ser un arma electoral y de éstas ya hay demasiadas.