Italia defiende ante el Vaticano la investigación de un arzobispo

El Gobierno italiano entregó ayer una nota oficial en respuesta a la carta de protesta presentada hace una semana por la Santa Sede en relación con el trato sufrido por el cardenal Michele Giordano, arzobispo de Nápoles, por parte de la justicia italiana que investiga su presunta implicación en una red de usura. La nota fue recibida por Celestino Migliore, secretario de Relaciones Exteriores de la Santa Sede, en ausencia del ministro de Exteriores vaticano, Jean Louis Tauran. Pese a la reserva del Vaticano, que se limitó a dar cuenta de la recepción de la respuesta oficial italiana, ayer era del dominio público que la carta preparada por el ministro de Justicia, Giovanni Maria Flick, y su colega de Exteriores, Lamberto Dini, señala respetuosamente que en el caso Giordano no se ha producido ninguna violación del Concordato firmado entre Italia y la Santa Sede en 1984. Al parecer, el Gobierno italiano se habría limitado a aceptar la existencia de errores de procedimiento.Los hechos se remontan al sábado 22 de agosto, cuando, sin que la jerarquía eclesiástica recibiera ningún aviso previo, fuerzas de la Guardia de Finanza, siguiendo instrucciones del fiscal Michelangelo Russo, irrumpieron en el arzobispado de Nápoles con la intención de registrarlo. Ante la oposición del cardenal Giordano, se produjo un forcejeo verbal que se resolvió con un acuerdo por el cual el arzobispo de Nápoles entregó a la policía todo el material contable reclamado sobre los movimientos de dinero en la diócesis.

Red de usura

El juez Russo, titular de la fiscalía de Lagonegro, en la Basilicata, región sureña de Italia, entregó al arzobispo un aviso legal por el que se le comunicaba que su nombre había sido incorporado a la lista de investigados en relación con una red de usura organizada, según la fiscalía, por el hermano del prelado, Mario Lucio Giordano, y el antiguo director de la sucursal del Banco de Nápoles en Sant"Arcangelo, el pueblo natal de los Giordano.Según el Vaticano, y de acuerdo con el Concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado italiano en 1984 (una revisión de los Pactos Lateranenses de 1929), la irrupción en el arzobispado, territorio de la Santa Sede, y por tanto un Estado extranjero dentro del Estado italiano, hubiera exigido una notificación previa a las autoridades eclesiásticas. El artículo 5 del Concordato, al que se han acogido los jueces, acepta una acción de este tipo siempre y cuando esté provocado por la urgencia. Pero lo que más ha irritado a la Iglesia católica, y en particular a la italiana, ha sido el saber que los teléfonos del arzobispado de Nápoles han estado interceptados durante tres meses, con autorización del juez instructor. La acusación que pesa sobre el cardenal Giordano, de 68 años, aunque todavía sólo en calidad de investigado, es la de extorsión y asociación para delinquir.