Los marginados deberán demostrar que intentan insertarse para poder recibir ayudas sociales

La lucha contra la pobreza y la marginación dará un giro este año cuando comience a aplicarse la Ley contra la Exclusión Social, aprobada en el Parlamento vasco el pasado 22 de mayo. Las personas con este problema ya no recibirán incondicionalmente las 47.000 pesetas por familia y mes que percibían de promedio. Por esta ayuda deberán comprometerse a buscar su inserción y a participar en cursos de formación. El Departamento de Justicia y Trabajo prevé sacar en octubre un primer decreto que desarrollará la nueva ley y servirá de marco jurídico para futuras actuaciones.

El borrador elaborado por el departamento que dirige Sabin Intxaurraga, a falta del visto bueno de la viceconsejera de Bienestar Social, regula la puesta en marcha de una nueva fórmula para promover la inserción social: la firma de convenios individuales entre los ayuntamientos y los que pretendan ser beneficiarios de las ayudas económicas. Su objetivo lo resume el director de Estudios y Régimen Jurídico, Abel López de Eguileta, con una manida metáfora: "No se le dan peces, sino que se le enseña a pescar". El decreto pretende que los solicitantes no se limiten a percibir un dinero, como sucede ahora, sino que también se involucren en la búsqueda de soluciones a su situación. El texto establece que los beneficiarios podrán discutir los términos del convenio. También se tienen en cuenta las consecuencias en caso de conflicto o incumplimiento del acuerdo. Si el destinatario de la ayuda y su ayuntamiento discrepan en la negociación, será la diputación de su territorio la que resuelva las discrepancias. Las familias que reciben el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), que son algo más de 16.000 en el País Vasco, serán incluidas en este programa y, en caso de negarse, se arriesgan a perder el subsidio que reciben en la actualidad. Igualmente, el decreto regula las consecuencias en caso de que se incumpla el acuerdo establecido entre el ayuntamiento y el beneficiario. Puede darse el caso de que se suprima la ayuda económica a la persona en proceso de inserción, de forma temporal o incluso definitiva. Los convenios se realizarán por los servicios sociales de base de los ayuntamientos y diputaciones, encargados de su puesta en práctica. Las ayudas a personas desfavorecidas se institucionalizaron en 1988 y han ido en aumento desde entonces. La Administración vasca se gastó el año pasado 9.000 millones en estos programas de lucha contra la pobreza y la marginación social. Además, desde el pasado mayo el Gobierno está obligado por ley a invertir una cantidad determinada en estas ayudas. Detectar situaciones El decreto que desarrolla el Gobierno vasco establece el marco jurídico y sienta las bases para los futuros convenios. En la elaboración de los acuerdos se marcan varios pasos. En primer lugar, cada ayuntamiento debe "detectar situaciones susceptibles de ayuda económica e inserción social", especifica López de Eguileta. Los casos más claros corresponden a personas que ya perciben el IMI y las AES (Ayudas de Emergencia Social). "Un segundo paso obliga a las administraciones a elaborar un diagnóstico, es decir, aclarar qué carencias concretas presentan estas personas", detalla el director de Estudios y Régimen Jurídico. En la mayoría de los solicitantes se trata de necesidades económicas, educativas o derivadas de las drogodependencias. Con un conocimiento exhaustivo de cada caso (la Administración garantiza la confidencialidad de los datos), los servicios sociales proponen un convenio, que debe ser ratificado y negociado con el beneficiario antes de su aprobación. Cada caso particular será sometido a un seguimiento para comprobar si se cumplen los objetivos de integrar a las personas marginadas. Existe la posibilidad de revisar los convenios en función de circunstancias imprevistas y de fuerza mayor. Además, se prevé la posibilidad de prorrogar los acuerdos.