Los alumnos inmigrantes tienden a concentrarse en pocos centros públicos

VIENE DE LA PÁGINA 1 El síndic de greuges, Anton Cañellas, afirma que la ley de 1995 permite distribuir a los alumnos inmigrantes entre las escuelas que integran una zona escolar y evitar la creación de guetos. Esta no es la opinión de Hernández, quien ha asegurado que no es correcto incluir a los alumnos inmigrantes en la categoría de necesidades educativas especiales. Pero los datos demuestran que la Generalitat ha sido incapaz de impedir el proceso de concentración de inmigrantes en algunos centros públicos. Un proceso que, por el momento, sólo se ha conseguido corregir en las poblaciones que, como Manlleu y Vic, han decidido llevar a la práctica la normativa de Enseñanza. Ambos municipios, ubicados en la comarca de Osona y con importantes núcleos de población magrebí, aplicaron en 1997 una resolución en la que se obligaba a todos los centros escolares, incluso los privados concertados, a reservar determinadas plazas escolares en las aulas de párvulos a esos alumnos. Para llevar a cabo la resolución, el Ayuntamiento de Vic -que contó con el apoyo de los padres inmigrantes y la oposición de algunos padres autóctonos- tuvo que fusionar con otras dos escuelas los centros públicos de la localidad que acogían a la mayoría de alumnos inmigrantes, lo que las había convertido en auténticos guetos. La medida, pionera en Cataluña, obtuvo una rápida repercusión y diversos ayuntamientos, especialmente de las comarcas gerundenses, se interesaron también por aplicarla. La negativa de Enseñanza y de CiU -con el apoyo del PP- a regular el reparto parece hacer inviable que el ejemplo se extienda. Lo sorprendente de la negativa de Hernández es que la distribución de los alumnos entre las diferentes escuelas de la capital de Osona fue impulsada por el alcalde de la ciudad, de Unió Democràtica, su mismo partido. Hernández también se ha opuesto a aplicar las propuestas incluidas en el último informe del Síndic: la de no permitir que más del 15% del alumnado por centro fuera de origen inmigrante. Esta propuesta es la misma que emitió Enseñanza en 1994 y que cayó en el cajón del olvido. La propuesta la realizó la Dirección General de Ordenación Educativa, a cargo de Maria Àngels González, miembro de CDC. En ésta se recomendaba que "el número de alumnos con riesgo de marginación no superara el 15% del total de alumnado de la escuela". Pese a que el número de alumnos matriculados en algunos centros no ha parado de crecer desde 1994, el consejero ha rechazado rotundamente llevar a término lo que su propio departamento recomendaba hace cuatro años. Hernández argumenta su posición en función de la libertad de elección de centro por parte de los padres.