Un nuevo decreto regional se propone combatir el fraude de las gasolineras

El Ejecutivo regional se ha propuesto que el fraude de las gasolineras no se reproduzca en ningún punto de suministro de la Comunidad de Madrid. El consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, presentó ayer en el primer Consejo de Gobierno después del paréntesis estival su decreto de protección de los derechos de los consumidores en el suministro de gasolinas, un texto legal de 19 páginas que redobla los mecanismos de control sobre las estaciones de servicio madrileñas. La principal novedad legal estriba en el cambio de consideración de los precintos de los surtidores, que pasan a la categoría de públicos. De esta manera, cualquier manipulación sobre estos sellados de garantía adquirirá el carácter de alteración de cosa pública, "lo que hará que el delito sea equiparable en gravedad a la ruptura de un precinto judicial o policial", aseguró ayer Blázquez.La nueva normativa regional se ha pergeñado a lo largo del último semestre, a raíz de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunciase el pasado mes de enero que diversas gasolineras españolas -en especial, las del grupo empresarial Villanueva- servían a sus clientes entre un 4% y un 7% menos de combustible respecto al que marcaba la máquina. Este asunto fue objeto, la pasada primavera, de una agitada comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

El portavoz del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón y consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, definió el alcance del decreto como "un intento para que no se le dé al consumidor gato por liebre". Al reflexionar sobre la aparición de las denuncias y la ulterior elaboración de una legislación más rigurosa, acabó recurriendo a un refrán: "No hay mal que por bien no venga".

El texto regional ya ha obtenido los parabienes del Consejo Económico y Social (el órgano consultivo de alcance regional) y del Consejo de Estado, y se publicará de forma inmediata en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La filosofía que late en él, a juicio del consejero de Economía y Empleo, es la de que el sector "debe tener claro dónde están los límites" y saber que, en caso de incumplimiento, las sanciones serán muy severas. Las faltas muy graves -y la manipulación fraudulenta de precintos lo es- implicarán la retirada de la licencia de actividad.

La Comunidad de Madrid redondeará su nueva legislación propia sobre gasolineras una vez se apruebe en el Congreso de los Diputados, hacia finales de septiembre, la Ley de Hidrocarburos. Este texto variará el concepto mismo de gasolinera y regulará aspectos como la venta de combustible a granel, que en la actualidad sólo se contempla en casos muy excepcionales (cooperativas de taxistas). "Entre unas cosas y otras, el sector se va a ver inmerso en una revolución. Todas las modificaciones son sustanciales", proclamó el consejero.

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