Un nuevo decreto regional se propone combatir el fraude de las gasolineras

El Ejecutivo regional se ha propuesto que el fraude de las gasolineras no se reproduzca en ningún punto de suministro de la Comunidad de Madrid. El consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, presentó ayer en el primer Consejo de Gobierno después del paréntesis estival su decreto de protección de los derechos de los consumidores en el suministro de gasolinas, un texto legal de 19 páginas que redobla los mecanismos de control sobre las estaciones de servicio madrileñas. La principal novedad legal estriba en el cambio de consideración de los precintos de los surtidores, que pasan a la categoría de públicos. De esta manera, cualquier manipulación sobre estos sellados de garantía adquirirá el carácter de alteración de cosa pública, "lo que hará que el delito sea equiparable en gravedad a la ruptura de un precinto judicial o policial", aseguró ayer Blázquez.La nueva normativa regional se ha pergeñado a lo largo del último semestre, a raíz de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunciase el pasado mes de enero que diversas gasolineras españolas -en especial, las del grupo empresarial Villanueva- servían a sus clientes entre un 4% y un 7% menos de combustible respecto al que marcaba la máquina. Este asunto fue objeto, la pasada primavera, de una agitada comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

El portavoz del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón y consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, definió el alcance del decreto como "un intento para que no se le dé al consumidor gato por liebre". Al reflexionar sobre la aparición de las denuncias y la ulterior elaboración de una legislación más rigurosa, acabó recurriendo a un refrán: "No hay mal que por bien no venga".

El texto regional ya ha obtenido los parabienes del Consejo Económico y Social (el órgano consultivo de alcance regional) y del Consejo de Estado, y se publicará de forma inmediata en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La filosofía que late en él, a juicio del consejero de Economía y Empleo, es la de que el sector "debe tener claro dónde están los límites" y saber que, en caso de incumplimiento, las sanciones serán muy severas. Las faltas muy graves -y la manipulación fraudulenta de precintos lo es- implicarán la retirada de la licencia de actividad.

La Comunidad de Madrid redondeará su nueva legislación propia sobre gasolineras una vez se apruebe en el Congreso de los Diputados, hacia finales de septiembre, la Ley de Hidrocarburos. Este texto variará el concepto mismo de gasolinera y regulará aspectos como la venta de combustible a granel, que en la actualidad sólo se contempla en casos muy excepcionales (cooperativas de taxistas). "Entre unas cosas y otras, el sector se va a ver inmerso en una revolución. Todas las modificaciones son sustanciales", proclamó el consejero.

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Asumir responsabilidades

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Economía admite que "no se pueden prevenir al 100%" las manipulaciones informáticas

Blázquez y sus directores generales de Industria y Consumo han iniciado una ronda de negociaciones con la Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid para persuadirle de la importancia del autocontrol en este sector. "Se trata de que asuman sus responsabilidades y sean los primeros interesados en que no suceda ninguna irregularidad. Es la única manera de que no se asilvestren las cosas", reflexionó.El decreto también establece mejoras en materia de señalización y servicios con vistas al consumidor. Sin ir más lejos, la sorpresa de parar a repostar y descubrir que no hay empleados a pie de surtidor se va a acabar. Las empresas tendrán que especificar, de forma "perfectamente visible" y en un cartel de no menos de 100 por 80 centímetros, la expresión "autoservicio".

Otras informaciones ineludibles serán las del horario, la ubicación y distancia de la instalación de venta más próxima ("con independencia de su titularidad y marca"), el nombre de la empresa suministradora y avisos como "prohibido fumar", "prohibido repostar con las luces encendidas", "existen hojas de reclamaciones" y "existen equipos o útiles de medida reglamentarios para la comprobación del suministro".

En efecto, todas las gasolineras deberán disponer de un recipiente de medida de 10 litros, calibrado oficialmente, a disposición de aquel automovilista que quiera verificar por su cuenta que no se le ofrece menos combustible del que se vende. También serán obligatorios los medidores de agua y presión de neumáticos, ya presentes en numerosos puntos de venta.

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