Futuro pacto de PP y PSOE en Baleares contra la saturación urbana

"La expansión necesita ordenación, limitación y, en todo caso, preservación que garantice el nivel de calidad de vida para el futuro". A la salida de una audiencia protocolaria con el rey don Juan Carlos, el presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, invitó ayer a la oposición, y de manera singular al PSOE, a pactar un acuerdo general para resolver el dilema de la saturación de las Baleares, a definir los límites de explotación urbanística del territorio. La derecha conservadora coincide así con la iniciativa que han impulsado los socialistas desde el Consell de Mallorca, al evidenciar la necesidad de recortar el crecimiento turístico y residencial porque los recursos básicos se agotan y los servicios están sobrepasados. El PSOE ha reclamado de inmediato que se pare el actual proceso de autorización de nuevas urbanizaciones.El Gobierno balear decretó a principios de año una moratoria de nuevas plazas hoteleras, la paralización de autorizaciones para hoteles y establecimientos residenciales si antes no se anulaban otros paquetes de camas de la oferta. Esta propuesta temporal e innovadora está vinculada al proceso de redacción de la ley general del Turismo y no supone, según recalcan portavoces de la derecha, optar por el crecimiento cero y estrangular el desarrollo económico. Así, el PP de Menorca cree que es posible crecer más y en Ibiza también aparecen voces de la derecha, discrepantes de esta opción planteada como una emergencia infraestructural.

Matas anunció que el acuerdo general sobre el territorio y el desarrollo se canalizará a través de una ley del Parlamento balear y que, obviamente, supondrá también desclasificar territorios cuya situación actual urbanística posibilita la construcción de nuevos complejos. El PP quiere involucrar en esta política de consenso al resto de instituciones locales y sociales. Francesc Antich, el nuevo líder electoral del PSOE, recogió de inmediato la invitación del PP, pero exigió que, mientras se negocia y tramita el acuerdo político general, se dicten medidas urgentes para frenar los proyectos en tramitación.