La CEPA cree que Entremuros seguirá contaminado para las lluvias de otoño

El agua saturada de metales pesados que quedó retenida en Entremuros tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar está casi totalmente tratada y desembalsada al Guadalquivir. La amenaza tóxica ha pasado ahora a los fangos que han quedado en el fondo del cauce. La Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA) reclamó ayer que empiece la limpieza para evitar que las lluvias arrastren la contaminación residual. La CEPA cree que, de todos modos, las administraciones "no llegarán a tiempo".

Los ecologistas mostraron su satisfacción con el funcionamiento de la depuradora -que ayer visitaron- instalada el pasado 10 de agosto en Entremuros. Con ella, "la depuración ha sido idónea", concedió el portavoz de la CEPA, Juan Clavero quien lamentó el retraso en su construcción: "Si se hubiera empezado en junio, el problema podía estar ya solucionado". Clavero señaló, a pie de depuradora, los fondos que quedan al descubierto tras el desembalse del agua tóxica, el próximo "problema", que tendrán que afrontar las administraciones. "Ahí quedan residuos contaminantes que las lluvias de otoño arrastrarán", afirmó. El "problema", para los ecologistas, no sólo se limita a esta zona en la que no se ha iniciado la limpieza. Según sus cálculos, el uso de maquinaria en la retirada de los lodos ha dejado "un 10% de contaminación en el suelo", unas 800.000 toneladas de fango con metales pesados. Cauce recuperado "En otoño, el Guadiamar recuperará su cauce normal", arguyó Clavero para pedir que las administraciones mantegan en funcionamiento la depuradora "durante años". Los ecologistas insistieron en que el tratamiento de parte del agua tóxica en una balsa próxima a la depuradora, ha sido incompleta. Según la CEPA, la mayor parte de los metales pesados, excepto el cinc, no reaccionan al tratamiento químico con carbonato sódico usado en la balsa por lo que se han vertido al Guadalquivir, provocando una "contaminación silenciosa". Miembros de la CEPA también tomaron muestras del agua que vertía la depuradora. Los ecologistas quieren comprobar si quedan rastros de metales pesados en las partículas en suspensión, que las analíticas oficiales no registran. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, aseguró ayer haber pagado "un precio real" por los terrenos expropiados, "contrastados" con la referencia establecida por la Consejería de Agricultura. El Ministerio rechazó así la acusación del consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, quien sugirió el pasado martes que había habido prevaricación por el pago de precios inflados.