El Tribunal Supremo de Canadá niega a Quebec el derecho a la secesión

Ni el derecho nacional ni el internacional permiten la secesión de Quebec del resto de Canadá, según dictaminó ayer el Tribunal Supremo canadiense en una histórica decisión sobre las aspiraciones de los líderes independentistas de la provincia. Sin embargo, el alto tribunal también sostuvo el derecho de Quebec a negociar su separación de Canadá, si sus habitantes así lo decidieran "por una clara mayoría y respetando los derechos" del resto de los canadienses. La decisión del Supremo constituye una clara victoria para el Gobierno federal de Ottawa, que, ante dos plebiscitos previos perdidos por el independentista Partido Quebequés y la amenaza de otro más, había sometido la cuestión a la corte suprema.

En una sentencia de 78 páginas, aprobada por unanimidad, el Tribunal Supremo de Ottawa estableció dos principios importantes. El primero que, "ni la Constitución ni el derecho internacional conceden (a Quebec) el derecho a una secesión unilateral". El segundo, que esa secesión se podría negociar siempre que "una clara mayoría del pueblo de Quebec así lo decidiera" y que esa decisión "respetara los derechos" del resto de los canadienses. El Supremo no se pronunció sobre qué porcentaje debería constituir esa "clara mayoría". El Gobierno de la provincia de Quebec replicó ayer al Tribunal Supremo para advertir que una mayoría del 50% más un voto a favor de la independencia era suficiente para iniciar el proceso de secesión. La sentencia del Supremo no dejó lugar a dudas sobre la ilegalidad de una secesión unilateral. "Cualquier intento de llevar a cabo la secesión de una provincia del resto de Canadá debe estar de acuerdo con lo establecido en la Constitución canadiense, ya que de lo contrario se violaría el orden legal vigente". Sin embargo, "ese orden constitucional quedaría afectado si una clara mayoría declarara de forma inequívoca su deseo de no permanecer en Canadá. En ese caso, "nuestra Constitución y nuestra historia" exigirían que los derechos, obligaciones y aspiraciones legítimas de todos los canadienses fueran respetados.

El Supremo rechazó de plano la aplicación del derecho de auto-determinación a los habitantes de Quebec y manifestó que ese derecho sólo era aplicable a "antiguas colonias, a los pueblos oprimidos por una ocupación militar o a un determinado grupo a quien se le impide el acceso al autogobierno para conseguir su desarrollo económico, social y cultural". "Es evidente que esas circunstancias extremas son claramente inaplicables en el caso de Quebec" y que, por tanto, "los habitantes de Quebec, ni sus instituciones, pueden invocar el derecho internacional para llevar a cabo la secesión". Ayer se temía en Ottawa que la decisión del Supremo fuerce al jefe del Gobierno de Quebec, el independentista Lucien Bouchard, a adelantar las autonómicas previstas para la próxima primavera en un intento de, si las gana, convocar un nuevo referéndum. Mientras que los habitantes de Quebec rechazaron la secesión en 1980 por un margen de seis a cuatro, en 1995 poco más de un punto les separó de conseguir sus objetivos.