Bélgica deja en libertad al etarra Maiztegui y admite a trámite su petición de asilo político

Más de cinco años de campaña política del Gobierno español se han derrumbado en un minuto: el que tardó en ser puesto en libertad ayer en Bruselas el etarra Juan Cruz Maiztegui después de que el Comisario Real para los Refugiados belga, Luc de Smet, considerara "admisible" a trámite su petición de asilo político. La cruzada española contra el asilo político topó ayer, otra vez, con la justicia belga. La decisión, recibida con sorpresa y desagrado por el Gobierno español, promete abrir una nueva crisis entre Bélgica y España, aunque se da la paradoja de que la admisión de la petición de asilo se ha producido como reacción del comisario real ante la obstinación del Ministerio del Interior belga de no poner en libertad a Maiztegui y expulsarle a México, país del que procedía cuando intentó entrar en Bélgica el pasado 29 de junio.

La liberación de Maiztegui, hecha efectiva a primera hora de la tarde de ayer, ha causado un hondo malestar en el Ejecutivo español, según fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID) citadas por Efe, que agregaron que esta decisión no contribuye en absoluto a mejorar la cooperación judicial entre España y Bélgica. Las mismas fuentes indicaron que el caso habrá de ser resuelto entre Bélgica y México, país del que procedía Maiztegui. España no tiene causa judicial alguna abierta contra él y por lo tanto no ha formulado una petición de extradición al Gobierno belga. La Audiencia Nacional lo procesó por un solo delito, ya prescrito, de colaboración con ETA en relación con el secuestro en 1981 del ingeniero José María Ryan, posteriormente asesinado por la banda. Maiztegui quiso colarse en Bélgica con un pasaporte falso y un carné de identidad español legal pero caducado. Es una historia tan rocambolesca y enrevesada como tantas otras que ocurren en un país que vive una crisis de identidad respecto a su sistema judicial pero que ha demostrado una vez más la independencia de sus instituciones frente al Gobierno. Al descubrirse la falsedad de su pasaporte el Ministerio del Interior ordenó su expulsión a México. Maiztegui pidió entonces asilo político y la entrada en Bélgica alegando su ciudadanía europea. El comisario De Smet apoyó la segunda petición, pero no la primera. El Consejo de Estado ratificó ese dictamen y suspendió la orden de expulsión el 6 de agosto. A partir de entonces era normal que Cruz Maiztegui fuera puesto en libertad, como ocurrió en el caso del etarra Enrique Pagoaga Peixotin.

Pero el ministro del Interior, el socialista flamenco Louis Tobback, ignoró la decisión del Consejo de Estado y reabrió el proceso de expulsión alegando que el comisario para los refugiados le había denegado el asilo y por tanto procedía su expulsión.

De Smet le ha respondido con un órdago. Según Paul Bekaert, abogado de Maiztegui y los demás presuntos colaboradores de ETA que han pasado por Bruselas, el comisario ha alegado que en su primer dictamen "no se pronunció sobre el asilo sino que consideró que como tenía derecho a entrar en Bélgica no le hacía falta el estatuto de refugiado político". "Ahora sí ve admisible la petición de asilo porque era la forma de evitar la expulsión", explica el abogado, quien afirma que De Smet se ha basado en un dictamen del Alto Comisariado para los Refugiados Políticos de Naciones Unidas a petición del comisario belga en el que estima que el asunto "es digno de estudiarse con detalle".

Tras la admisión a trámite de la petición de asilo, España y Bélgica afrontan una crisis similar a la del verano de 1993, cuando el entonces comisario real Marc Bossuyt aceptó a trámite la petición de asilo de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz. En aquel caso el asilo fue finalmente denegado, pero el Gobierno belga, de común acuerdo con el español, renunció a extraditarles a España para evitar una decisión contraria del Consejo de Estado sobre el fondo del asunto.

Este caso es distinto porque Maiztegui no está reclamado por España -hecho que resaltaron ayer los ministerios españoles del Interior y Justicia para mantenerse al margen del asunto- y no hay una decisión de extradición, sino de expulsión a México. Pero sus efectos políticos son los mismos. Desde aquel verano de 1993, tanto el Gobierno de Felipe González como el de José María Aznar abrieron una cruzada contra el asilo político para nacionales comunitarios en el interior de la UE.

Aquella batalla llegó al Tratado de Amsterdam, donde el asilo no quedó eliminado pero sí limitado. Según el abogado Bekaert, "si el Tratado de Amsterdam estuviera en vigor no habría cambiado nada en este asunto porque Bélgica se reservó el derecho a estudiar cada caso". Y eso es lo que está haciendo con Maiztegui, un etarra que no está reclamado por España pero que, paradójicamente, puede acabar siendo el primero que logra el estatuto de asilado político en un país de la UE.

El gran problema del Gobierno español ahora es que no puede presionar al Ejecutivo belga, ya que la decisión ha sido tomada por un funcionario independiente y precisamente como reacción a lo que considera una actitud política: la obstinación del Ministerio del Interior por cumplir los deseos de Madrid de que Juan Cruz Maiztegui fuera expulsado pese a la decisión contraria del Consejo de Estado.